La Voz de Asturias  | 

El sistema financiero español afronta unos meses decisivos y las entidades asturianas jugarán un papel determinante en el nuevo proceso de fusiones. Liberbank, el banco liderado por Cajastur, y el Sabadell, matriz del Banco Herrero, se encuentran en una posición de fuerza y con solidez suficiente para afrontar las nuevas exigencias impuestas por el Gobierno con la última reforma del sistema financiera. Pese a ello, los resultados que obtengan en 2012 serán claves para evitar caer en números rojos.

El objetivo del Ministro de Economía, Luis de Guindos, es que la nueva oleada de fusiones se cierre en un breve periodo de tiempo. Las entidades tienen hasta el 31 de marzo para presentar su plan de saneamiento para reducir sus riesgos inmobiliarios, aunque la fecha límite para comunicar sus proyectos de fusión finaliza en mayo. Son tres meses para culminar una reestructuración que en la primera ronda de fusiones redujo el número de cajas de ahorro de 45 a 15, aunque ahora el objetivo es dejar el número de entidades aproximadamente en diez.

Para cumplir los requisitos, el Gobierno calcula que las cajas y bancos deberán provisionar 50.000 millones, y aquí es donde Liberbank y el Sabadell parten en una posición de ventaja. Según una información publicada ayer en el diario El País , las dos entidades vinculadas a Asturias se encuentran en un grupo, en el que también aparecen Bankinter, Ibercaja, Unicaja y Banco Popular, que están alejados de los problemas de solvencia. En mejor situación que ellos solo se encuentran los grandes gigantes de la banca española (Santander, BBVA y La Caixa) y Kutxabank, el resultado de la fusión de las tres cajas vascas, que son los únicos que tienen garantizada su supervivencia en solitario y que pueden realizar todas sus provisiones en 2012.

El principal problema al que se enfrenta Liberbank a su tamaño. Con volumen de activos de 52.000 millones, unas 1.400 oficinas y más de 6.000 empleados, se encuentra en una posición intermedia que ha provocado que haya sonado como candidata a fusionarse con prácticamente todos los grupos de su tamaño, sin que desde la entidad se haya admitido contacto alguno. La postura de Manuel Menéndez, presidente de Liberbank, es apostar con un crecimiento estable de la mano de entidades solventes. Su política de estabilidad está avalada por el rechazo a la integración de CAM en el grupo debido a su agujero financiero y a su fuerte exposición al ladrillo. Aunque todos los escenarios son posibles, parece complicado que el banco de Cajastur pueda sobrevivir sin unirse con otras cajas.

El Herrero participa en este proceso por medio del Sabadell, su matriz. Después de incorporar al Banco Guipuzcoano, la entidad que preside Josep Oliu está inmersa en el proceso de absorción de CAM después de que esta fuera intervenida y subastada por el Banco de España. El Sabadell tiene unos activos que superan los 160.000 millones y su crecimiento durante los últimos años se ha producido mediante la compra de entidades. Ahora está a la expectativa de posibles movimientos para seguir ganando cuota de mercado.

Los peor colocados Los analistas señalan que los peor colocados para hacer frente a las provisiones que necesitan sin entrar en pérdidas son CatalunyaCaixa, NovaGalicia Banco, Caja España- Duero (inmersa en un largo proceso de fusión junto a Unicaja) Unnim (cuya subasta concluirá a finales de este mes), Banco de Valencia (el siguiente en ser subastado), Banco Pastor (cerca de cerrar su absorción con el Popular) y Caja 3 (integrada por Caja Inmaculada de Aragón, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz). Con más capacidad de maniobra, pero también con dificultades para cubrir las exigencias de capital, aparecen Banca Cívica, BMN (grupo que controla Caja Murcia) y Bankia.

Control a los sueldos La principal novedad que incluye el real decreto aprobado por el gobierno es el saneamiento extraordinario al que tienen que hacer frente las entidades. Sin embargo, la normativa incluye otras medidas como el control de los sueldos a los directivos de las entidades con ayudas públicas. En el caso de las intervenidas, no podrán cobrar más de 300.000 euros, y en las que tengan ayudas del FROB no pueden superar los 600.000 euros.

D