La nueva reordenación del sistema financiero español adelantada el jueves por el ministro de Economía, Luis de Guindos y aprobada ayer por el Consejo de Ministros, supondrá una serie de necesidades para los bancos y cajas del país. El objetivo del Gobierno está claro: sanear los balances de las entidades, básicamente aquellos activos ligados al sector de la construcción. Según los primeros cálculos, el grupo que lidera Cajastur -Liberbank- tendría unas necesidades de 4.000 millones para cumplir con los requisitos.
La cifra, que realmente serían provisiones, se puede lograr cargándolos al beneficio o sufragarlos a través de sus propios fondos e instrumentos de capital.
Y claro, una línea para alcanzar los objetivos pasa irremediablemente por una segunda ronda de fusiones. Cajastur ya se adelantó a buena parte del sector cuando se hizo con Caja Castilla-La Mancha y luego cuando puso en marcha una de las primeras integraciones del sistema, que finalmente terminó con su unión con Caja Cantabria y Extremadura, después de quitarse de encima el lastre de Caja del Mediterráneo (CAM).
El impacto de la reforma abre una serie de posibilidades al banco de Cajastur pero con una condición. Otro de los requisitos es que cualquier grupo que emprende una fusión tendrá que hacerlo con unas entidades que supongan, al menos, el 20% de su tamaño.
Liberbank tiene a su favor que en los anteriores procesos no pidió en ningún caso dinero público para alcanzar cada uno de los requisitos que puso encima de la mesa el Gobierno central a través del Banco de España.
La entidad asturiana está preparada para afrontar este nuevo periodo y quiere proteger, como hizo en el proyecto de Liberbank, la viabilidad de cualquier acuerdo. En el sector financiero se recuerda bien cómo el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, echó el freno al acuerdo con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, una de las entidades con más alto grado de toxicidad. Los expertos ven con buenos ojos una fusión con el grupo que lidera la andaluza Unicaja, que en su día pacto Caja Duero y Caja España. Fuentes del sector estiman que sería una operación redonda por varios motivos, entre ellos, porque se estaría hablando de un banco con una cobertura casi nacional, con importante presencia de norte a sur.
La idea del Ministerio de Economía ya era, en el momento en que tomó posesión, de elevar las provisiones que tienen que realizar por todo el ladrillo que tienen en su poder. Antes de la reformactualmente, tenían obligación de alcanzar el 30% de forma paulatina. La idea es que eleven mucho esta cifra para alcanzar una media que ronde el 50%, aunque con exigencias muy diferentes según los activos. Por ejemplo, en el suelo se podría llegar hasta el 90% en el caso de los no urbanizables. Así se alcanzará unas exigencias aproximadas de esos 50.000 millones.
Para quienes opten por no fusionarse, que puede acabar no siendo nadie porque los grandes es probable que acaben absorbiendo a alguna entidad con serios problemas, existirá la ventaja de que podrán cargar un 30% de las provisiones contra reservas y el 70% restante tendrán que seguir haciéndolo contra resultados de cada ejercicio.
D
vídeo:
vídeo:
vídeo:
vídeo:
