La Voz de Asturias  | 

El Principado apunta directamente a la Delegación del Gobierno y no asume ninguna corresponsabilidad ni en la gestión ni en la prevención de las inundaciones. El Ejecutivo exige que, “sin más dilaciones ni pretextos”, la Administración central construya escolleras y ejecute los dragados necesarios para evitar riadas. Se niega a asumir que los ribereños tengan que “resignarse a los efectos catastróficos de las crecidas”. En cambio, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) defiende su actuación, en tareas de mantenimiento, en el manejo de alertas y en la información que traslada. También señala que las presas retuvieron 12 millones de metros cúbicos de lluvia que impideron daños mayores. La polémica, una vez que las aguas han vuelto a su cauce, está servida.

El primer asalto de este nuevo combate que enfrenta al PP, a través de la Delegación del Gobierno, que a su vez gestiona la CHC, y de Foro, mediante el Gobierno del Principado, se vivió el miércoles. El senador Isidro Martínez Oblanca y el viceconsejero Juan Vega, acusaban al delegado, Gabino de Lorenzo, de hacer “el ridículo” y de no ejercer sus competencias. El jefe del gabinete de De Lorenzo, Alberto Mortera, sacaba la artillería pesada y advertía de que si el Ejecutivo asturiano no ejercía sus competencias lo haría de forma subsidiaria el Estado. No solo habló en materia hidráulica, también se refirió a la necesidad de mejorar la vigilancia en los espacios naturales para evitar que los restos de las talas terminen dentro de los ríos.

En el centro de la polémica está la necesidad de actuar en una decena de puntos negros, de mejorar las tareas de limpieza y mantenimiento de las vegas y de afinar la gestión de los embalses en las cabeceras de los cauces para ajustar los caudales en medio de los temporales de lluvia.

Si Mortera anunció el miércoles que estaban haciendo un listado de puntos negros donde es necesario actuar con urgencia, ayer hizo lo propio el Principado. Parece ser que la Consejería de Fomento también ha encargado un informe sobre las actuaciones imprescindibles para evitar las riadas. No obstante ya adelanta algunas localizaciones concretas, que, por otra parte, coinciden con las citadas expresamente por el jefe de gabinete de la delegación. Están, entonces, de acuerdo en que se debe reparar la escollera de Soto de Aller y el puente de Trubia o dragar el Nalón en Palomar, en el concejo de Ribera de Arriba.

Coinciden en qué hay que hacer, pero no en quién tiene que asumirlo. Delegación y Principado se cruzan acusaciones sobre dejación de competencias. Un caso muy concreto es la escollera de Soto de Aller y las obras del corredor. El Ejecutivo asturiano dice que la riada la derribó debido a su escasa estabilidad y niega que esté relacionado con las obras de la carretera del corredor, tal y como denuncia Alberto Mortera. Además exige a la confederación que la restaure. Sin embargo, la delegación culpa al Principado y le reclama que se haga cargo de los trabajos. Si no lo asume, el Estado cargará con el proyecto y luego le pasará la factura a la Administración asturiana que, a su vez, exige “diligencia” a De Lorenzo “para evitar desgracias”.

La confederación Al margen de las disputas que inevitablemente se asocian a tintes políticos, la confederación hidrográfica defiende su trabajo de las críticas, tanto de alcaldes como de vecinos y de otras administraciones.

En primer lugar, la confederación explica que uno de los motivos por los que los cauces de los ríos subieron con gran rapidez en este temporal es que las lluvias coincidieron con el deshielo de nevadas. Esa misma justificación también la ofrece Alberto Mortera, desde la delegación. En las zonas montañosas de las cabeceras de los ríos había nevado poco antes. La lluvia sumada a la nieve reciente y a la subida de temperaturas incrementó los caudales con rapidez. Otra característica singular del temporal fue su larga duración, ya que la segunda crecida se produjo cuando aún se recuperaba la primera.

No obstante, y pese a la tensión causada en los ribereños, matiza que las riadas no fueron tan graves como las de junio 2010. La última crecida del Sella, según los baremos de recurrencia, se produce en una horquilla de tiempo cada 5 a 20 años. La riada de hace año y medio tiene un periodo de retorno de 50 a 100 años. Aunque solo se trata de una media estadística, sí ejemplifica las diferencias que existieron entre las dos alertas.

Otra cosa es que se puedan erradicar esas inundaciones. La confederación lo niega. Este organismo, responsable de la política hidráulica, admite que las crecidas son “un fenómeno imprescindible e ineludible”, por lo que los esfuerzos “deben concentrarse en la aplicación de medidas de prevención”. Destaca que en los últimos ocho años, “se han impedido desarrollos urbanísticos en vegas y corredores fluviales con riesgo claro de inundabilidad en caso de avenidas”.

La versión de la confederación está radicalmente alejada de lo que defiende el Gobierno del Principado. La CHC no comparte la visión de los que “adornan” la realidad y lanzan “diagnósticos optimistas pero irreales, haciendo creer a la ciudadanía que con unas cuantas limpiezas y unas cuantas escolleras se solucionan los efectos de las avenidas o incluso las eliminan”.

La página web de la confederación recibió 1.000 visitas diarias durante el temporal. El organismo defiende que cumplió con su responsabilidad de informar al minuto.

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