Entre 2.500 y 3.000 euros. Es el coste medio de un tratamiento de reproducción asistida en Asturias. Y es lo que se ahorrará la Consejería de Salud con su negativa a financiar el tratamiento a las mujeres solteras y sin pareja que no demuestren su esterilidad.
Hasta ahora, son ya cinco las mujeres que han denunciado públicamente haber sido rechazadas por el Hospital Universitario Central de Asturias. Son Andrea Muñiz y Silvia García, las dos lesbianas, y tres mujeres más, heterosexuales, que ha preferido no dar a conocer su identidad.
La Consejería de Salud, que rechazó ayer la invitación de este periódico para hacer declaraciones, mantiene que la cartera de servicios del sistema nacional de salud establece como requisito un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida para financiar el tratamiento. La Consejería de Salud no aclaró, sin embargo, por qué hasta hace poco más de quince días mujeres homo o heterosexuales sin pareja y sin un diagnóstico de esterilidad eran atendidas en la medicina pública.
De hecho, este periódico ha tenido conocimiento, en fuentes sanitarias, de que varias mujeres lesbianas y heterosexuales, sin un problema de fertilidad han sido antendidas previamente en la unidad de reproducción asistida del HUCA. Muchas de ellas, de hecho, se han convertido en madres. La Administración del Principado, ayer en boca de su portavoz, Ana Rosa Migoya, se limitó a reiterar que no existe discriminación por razones de orientación sexual y argumentó que las unidades de reproducción están pensadas para tratar únicamente problemas de esterilidad.
La realidad indica, sin embargo, una enorme diversidad en la España autonómica. El diario El País publicaba en su edición de ayer que al menos tres comunidades autónomas, y de distinto signo político, se niegan a financiar tratamientos a mujeres sanas. Son, además de Asturias, Cataluña, gobernada por los CiU, y Murcia, gestionada por el Partido Popular. Curiosamente, al menos en esta prestación, el color político parece no ser un elemento determinante. Así, comunidades como Valencia, Andalucía o el País Vasco sí están facilitando y financiando estos tratamientos también para mujeres sin una pareja masculina y sin un problema de esterilidad. Se da la circunstancia, además, de que Valencia está gobernada por el Partido Popular y el País Vasco, por los socialistas con el apoyo del PP.
La decisión de Salud de negar estos tratamientos a mujeres sanas supondrá un ahorro escaso para las arcas de la Consejería de Salud y, por extensión, de los asturianos. Especialistas en reproducción humana consultados por este periódico indican que el tratamiento completo, incluida la inseminación, en la sanidad pública, podría suponer en torno a los 2.400 euros por mujer.
Esta estimación se realiza sobre la base de que la terapia media incluye cuatro ciclos de inseminación. Cada ciclo tiene un coste de 600 euros. Los especialistas consideran que el tratamiento estándar no debería superar los cuatro ciclos.
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