El primer proyecto de presupuestos regionales del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos cosechó ayer un extendido reproche de los agentes sociales en la Junta General. Particularmente severo fue el suspenso con el que la patronal calificó las propuestas del Principado. Los empresarios llevaron la descalificación global del texto hasta el extremo de pedir su completa redefinición. “No nos parece que este sea un presupuesto diseñado para salir de la crisis, sino más bien para persistir en ella”, afirmó el secretario general de FADE, Alberto González. En otra de sus críticas, la poca consistencia de una previsión de ingresos que considera inflada, consiguió el asentimiento de los sindicatos mayoritarios, que también expresaron su desconfianza en unas cuentas que consideran abocadas a un ajuste por su falta de realismo.
El Parlamento abrió el debate presupuestario con la comparecencia informativa de las organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Fueron las primeras de las más de cien opiniones que recabarán los diputados en los próximos días. Y, en esas primeras horas, el proyecto del Gobierno recibió más de un varapalo. Ni la Universidad, ni los concejos ni los sindicatos están del todo conformes con las intenciones de Foro Asturias, pero nadie recalcó tanto sus reticencias como los empresarios. González agradeció el esfuerzo por presentar unas cuentas, pero nada más.
La patronal considera que el proyecto está desenfocado porque no responde a las necesidades del delicado momento económico actual. A su juicio, no persigue impulsar la actividad ni crear empleo, porque se concentra en otros objetivos. “Posee un marcado carácter social, no restringe los gastos corrientes y relega las inversiones a un segundo plano”, enumeró González. Según los cálculos de FADE, la inversión realmente nueva --no heredada de planificaciones plurianuales-- apenas reúne 57 millones de euros. Y a la organización tampoco le gusta el recurso al endeudamiento. Le parecería disculpable si estuviera destinado a pagar infraestructuras que hagan posible el crecimiento en el futuro, o acompañado de recortes del gasto corriente, pero no es el caso.
Tenso intercambio La postura de la patronal añade nuevos motivos de desencuentro a otros roces anteriores con el nuevo Ejecutivo. En especial, la relación se hizo tensa en otoño, cuando FADE criticó los impagos de la Administración. El asunto volvió a revolotear ayer sobre la Junta. González pidió que el Gobierno cumpla sus compromisos y tuvo un intercambio tenso de preguntas y respuestas con la portavoz de Foro, Lilián Fernández, que salió en defensa del trabajo de la Consejería de Hacienda e inquirió si los empresarios prefieren la prórroga del presupuesto del año pasado. “No, pero había margen para otras cosas”, replicó el representante de la patronal. La inversión, por ejemplo, es casi la mitad que en 2011.
Los sindicatos también pusieron en duda la exactitud del cuadro macroeconómico del presupuesto. La secretaria de Acción Sindical de UGT, Mar Celemín, recordó que Hacienda ha utilizado datos de mediados del año pasado, un momento ya inservible por el rápido deterioro de la economía española. “Las estimaciones de ingresos son dudosas y están repletas de incertidumbres”, señaló. La organización teme que los recortes decididos por el Gobierno central los hagan aún más irreales. Por el lado del gasto, Celemín lamentó el recorte en políticas de empleo justo cuando la región acumula un 17% de tasa de paro y tiene a más de 90.000 personas sin trabajo.
“No son unos presupuestos para salir de la crisis”, así de tajante se mostró el representante de CCOO, Gilberto García Huelga, ante la pregunta del PP sobre si el proyecto económico presentado por Cascos redundará en el crecimiento económico y el empleo. Previamente, había mostrado su “escepticismo” al considerar que hay partidas “irrelevantes para la recuperación económica”, que es “restrictivo” y que cae en errores denunciados por el Gobierno cuando aludía al anterior Ejecutivo como “sobrevalorar los ingresos” cuando hay una total “incertidumbre” sobre la aportación del Estado o lo que se recibirá por los fondos mineros. A su juicio, los ingresos podrían incrementarse mediante una revisión del sistema financiero, de algunos tributos y de poner en marcha mecanismos de lucha contra la economía sumergida. Además, criticó que las prestaciones a dependientes y el salario social “están por debajo de lo que se va a gastar” y que haya un recorte de un 28,9% en infraestructuras “cuando es algo que crea empleo”. También denunció el efecto en el ciudadano y las empresas de la subida del canon de saneamiento.
Por parte de USO, Andrés Cuesta, consideró “sobredimensionado” el gasto corriente frente a “una inversión muy pequeña” y, recordó que los presupuestos no crean empleo pero lo propician, principal preocupación cuando existen 90.000 parados en Asturias.
La congelación salarial para los funcionarios fue uno de los temas denunciados por otros comparecientes como CSIF. Su representante Lucas Álvarez exigió que el Principado defina las plantillas, que se modifique la ley de Función Pública y que no haya recortes en los servicios públicos, aunque aplaudió la reducción de fondos para RTPA.
Miguel Ángel Gallego, del Simpa, exigió una plantilla de médicos adecuada a los servicios y para hacer frente a las jubilaciones, más de 250 facultativos desde 2010. Sin embargo, no pidió que se convoquen plazas para cubrir esas bajas sino que se suspenda la jubilación forzosa a los 65 años y que se conceda una prórroga voluntaria a los 70.
Gumersindo Rodríguez, por ANPE, denunció la falta de una apuesta decidida por la educación. “Los 15 millones de euros es algo ficticio, se necesitarían 8 más”, afirmó. Pese al incremento del 1,9% lo vio insuficiente para mantener la calidad de la educación asturiana. Entre sus críticas, el recorte de las plantillas “587 profesores se jubilaron el curso pasado y hay 466 plazas sin cubrir”, declaró, así como que no haya partida económica para la oferta de empleo.
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