El anterior Gobierno regional “adjudicó y desadjudicó” a Igrafo --la empresa vinculada al caso Renedo-- el mobiliario del auditorio del Niemeyer (mil butacas), según afirmó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria local, Raimundo Abando, quien anunció en el curso de una rueda de prensa su intención de llevar ante los tribunales a la Fundación, que “adoptó acuerdos sin quórum” en los meses de febrero y junio de 2011.
Abando explicó que en un principio, “las butacas del auditorio se adjudicaron a Igrafo, posteriormente saltó el caso Marea y después se desadjudicaron”. El presidente del Puerto añadió que más tarde fue la propia Fundación la que se hizo cargo de financiar esa operación y no la Administración del Principado. El caso es que, finalmente, se adjudicó a otra empresa por “un tercio de lo que costaba con Igrafo”. Abando se preguntó, ante estos hechos ¿dónde iban a parar esos dos tercios? si se hubiera llegado a concretar la operación con Igrafo.
“No voy a entrar a valorar la adjudicación, sino la desadjudicación, porque parece que alguien tuviera miedo de lo que pudiera haber salido después”, afirmó Abando, quien señaló que “ha llegado el momento de plantearse la responsabilidad de cada uno y de tomar decisiones, porque continuamente han estado saltándose la ley”.
Criticó que se han “incumplido los estatutos y se han modificado sin tener los dos tercios necesarios para adoptar estos acuerdos”. Además, como patrono de la Fundación Niemeyer, anunció que se está elaborando “un informe de los servicios jurídicos del Estado”, en el que se demuestra que “no había quórum o mayoría suficiente para adoptar los acuerdos” , y recordó que a la reunión celebrada en febrero de 2011, en vísperas de las elecciones, asistieron 7 de los 10 patronos, pero “se ausentó el concejal de IU Fernando Rañón cuando se iban a adoptar las decisiones que se tomaron con seis patronos, por lo que no había los dos tercios necesarios para tener el quórum”.
Añadió que en junio “se nombró a Manuel Díaz como presidente de la Fundación como consecuencia de aquella modificación que no se ajustó a derecho”.
Abando criticó “la opacidad” de las cuentas y subrayó que en la auditoría de 2010 “se hizo una salvedad donde se dice que debido al cambio de empresa de la contabilidad el auditor no pudo ver las facturas ni comprobarlas”.
Los dineros de Rebollo Según sus datos en la Fundación Niemeyer “se están llevando 470.000 euros al año entre seis señores y el despacho del abogado y secretario de la entidad, José Luis Rebollo”. Dijo que 350.000 se destinan a sueldos de los seis empleados de la Fundación, incluidos el director general Natalio Grueso y el propio Rebollo, actualmente incursos en un ERE, además de los 120.000 euros anuales que “cobra el despacho de Rebollo”.
Deudas con empresarios Abando cuestionó además que “el propio Natalio Grueso se pueda “auto incluir en el ERE cuando es director general” y relató que algunos empresarios “están reclamando deudas que tienen pendientes con la Fundación Niemeyer”, y citó a uno de Avilés al que le adeudan 12.000 euros. También destacó los 800.000 que se deben a Cajastur.
Por su parte, el presidente local del PP de Avilés acusó a Álvarez-Cascos de “apropiarse” del proyecto Niemeyer. Joaquín Aréstegui afirmó que ha sido Foro “quien ha decidido meterlo en campaña y el que lo ha politizado, liquidando la Fundación y haciéndose cargo del centro”. “Nosotros decimos que los asuntos que son un problema político tienen que tener solución política y eso lo van a dar las elecciones del 25 de marzo”, dijo defendiendo el aplazamiento del patronato.
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