La Voz de Asturias  | 

El 18,4% de la población del Principado de Asturias, 198.993 personas, está al borde del denominado riesgo de pobreza y exclusión social. A lo preocupante de estos datos hay que sumar que llegan con dos años de retraso porque se confeccionaron en 2010. Es decir, todavía quedaría un año más de crisis y problemas, todo 2011, a sumar a esos resultados. Y si se mira lo que ocurre en el resto del país es peor.

El Principado se encuentra por debajo de la media nacional, según la cual, uno de cada cuatro españoles se encuentra en ese temido límite. Lo peor de todo esto es que el informe, elaborado por la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN), se redactó para comprobar cómo iba el intento de la Unión Europea por reducir la pobreza en el continente. Y no va bien. De hecho, no se reduce, aumenta.

La llamada Estrategia Europea planteaba reducir la pobreza en ese 25% para 2020. España se sumó a esta cruzada y se comprometió a colaborar con otro reto: que las personas en riesgo de exclusión no superasen los 9,2 millones en 2009-2019. O, lo que es lo mismo, que entre un millón y un millón y medio de españoles abandonaran esa cuerda floja llamada riesgo de pobreza. Pues bien, sólo un año después de esa declaración, un estudio de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN) presentado ayer en Madrid muestra que no sólo no se ha reducido la pobreza, sino que se ha caminado en la dirección contraria.

Las personas en riesgo de exclusión social y pobreza han aumentado, precisamente, en más de un millón. Pasaron de 10.665.615 personas en el año 2009 (23,4%) a 11.666.827 en 2010 (25,5%), lo que significa que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de exclusión social y pobreza. Ese dato, que corresponde al año 2010, es el más alto desde 2004, el primer año en que hubo cifras de este indicador en Eurostat.

La EAPN insistió ayer en que los datos demuestran que “las medidas y estrategias” llevadas a cabo, en España en general y en Asturias en concreto, “no están siendo efectivas” porque “no han logrado detener y menos aún disminuir” la exclusión social. Aunque la crisis económica tiene parte de culpa en el incremento de la pobreza, Gabriela Jorquera, coordinadora técnica de EAPN Madrid, insiste en analizar la raíz del problema. “Los niveles de pobreza y exclusión en España no han disminuido ni siquiera en época de bonanza; nunca ha habido voluntad política”, explica.

Cuando las condiciones económicas lo permitieron, no se diseñaron mecanismos efectivos para evitar que ese problema creciera y ahora sufrimos las consecuencias. “Además, el gasto social de España es uno de los más bajos de Europa”, insiste Jorquera, quien señala que es necesaria una “profunda transformación de las políticas sociales”.

En este mismo sentido, Susana Gende, de Cruz Roja Española, opina que ahora “no es momento de recortes, sino de refuerzo a la protección social”. Lejos de caminar hacia ese objetivo, una de las primeras medidas que anunció el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy fue congelar el salario mínimo, por primera vez desde que se creó, en 641,40 euros.

Tres varas de medir La EAPN, que califica esa decisión de “lamentable”, aboga por mejorar el sistema de rentas mínimas, aumentar las ayudas a las familias y revisar las políticas de vivienda y educación. Jorquera lamenta además que los debates políticos se centren sólo en indicadores económicos y dejen de lado los enfoques sociales de la crisis.

“Hace falta generar empleo, pero no cualquier tipo de empleo, tenemos que cuidar el trabajo que estamos construyendo para no provocar más precariedad”, explica. Jorquera advierte de que, en Madrid, el 23% de las personas en riesgo de exclusión social son trabajadores de jornada completa.

Para medir el riesgo de exclusión social y pobreza se utiliza un indicador, que propone la Unión Europea, llamado AROPE, por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusion. Este instrumento mide la pobreza agrupando tres factores. El primero es la renta: se considera en riesgo de pobreza a las personas que viven en hogares con renta inferior al 60% de la renta mediana. En España se encuentran en esta situación 9.486.616 personas (un 20,70%), según el estudio de EAPN, que parte de los datos de un informe elaborado por el CEET (Centro de Estudios Económicos Tomillo).

El segundo indicador es la Privación Material Severa (PMS), que está relacionado con las posibilidades de consumo. La PMS agrupa a personas que no pueden permitirse cuatro de los nueve ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el alquiler o una letra, tener calefacción en casa, afrontar gastos imprevistos, comer proteínas al menos tres veces a la semana, tener un coche, una lavadora, un televisor, un teléfono, y poder pagar unas vacaciones de al menos una semana al año. 1.813.813 españoles (un 4%) no pueden afrontar cuatro de estos nueve gastos.

Por último, Europa tiene en cuenta una variable que mide la intensidad de trabajo, es decir, la relación entre el número de personas que trabajan en un hogar y el número de personas que, en ese hogar, están en edad de trabajar. Por ejemplo, en una casa con dos adultos en el que sólo uno trabaja a jornada completa, la intensidad es del 0,5, mientras que si trabajan los dos, ese valor es de 1. El riesgo de pobreza aparece si no se llega al 0,2, como les pasa a 3.516.080 españoles (7,70%). La Encuesta de Población Activa, que se conoció el pasado viernes, revelaba que en España ya hay 1.575.000 hogares en los que todos sus miembros activos están en paro.

En los datos del informe de EAPN se aprecian diferencias sustanciales entre comunidades autónomas y ahí es donde Asturias sale mejor parada por dos cuestiones. La primera es que está por debajo de la media y la segunda que ha sido de las pocas que ha reducido sus habitantes en riesgo de exclusión. Uno de los motivos es que el anterior Gobierno mantuvo e incluso aumentó el gasto social durante esos años.

Nuevo perfil Por encima de la media nacional (25,5%) están Murcia, Andalucía, Canarias, Balears y Castilla-La Mancha, además de Ceuta y Melilla. El número de personas en riesgo de exclusión social cae en tres comunidades en comparación con el año 2009: Asturias, Galicia y La Rioja. Sin embargo, sube en todas las demás, especialmente en Andalucía, Cataluña, Valencia y Murcia.

Según el informe, este aumento se debe a la aparición de un nuevo perfil de personas que, con la crisis, se ven obligadas a pedir ayuda a las ONG. Son personas que pierden su trabajo y no pueden pagar las facturas; no se trata de indigentes ni analfabetos, ni de personas que proceden de familias desestructuradas. “Son gente que jamás se hubiera imaginado que tendría que acudir a una ONG”, agrega Gende.

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