La Voz de Asturias  | 

Las previsiones de la Consejería de Salud para rebajar la lista de espera de los tratamientos de fertilidad en los centros públicos tampoco se cumplieron en 2010. El departamento se fijó en 2007, a comienzos de la legislatura, el objetivo de dejar la demora en menos de un año, pero no es así. Según datos facilitados por el Principado en respuesta a una consulta del Defensor del Pueblo, las familias que solicitan una terapia reproductiva esperan, por término medio, 18 meses antes de empezar a recibirla, y hay 720 parejas en esa situación. Esas cifras constan en la memoria de actividades del año pasado que la defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, entregó ayer a los presidentes del Congreso y el Senado.

La oficina del Defensor abrió de oficio una investigación para conocer la situación de la asistencia reproductiva en la sanidad pública de todo el país. Y no está satisfecha. Sus recomendaciones incluyen la necesidad de reducir los plazos y mejorar la atención a los solicitantes. En la memoria, constan investigaciones similares en todas las comunidades sobre el uso de barracones prefabricados en centros educativos (una práctica en la que no incurre Asturias), o las condiciones en las cárceles y los centros de menores.

Estos últimos preocupan especialmente a Cava de Llano, aunque tanto el Materno Infantil de Oviedo como Miraflores salen bien librados. En el segundo, la institución investigó en 2010 denuncias sobre la separación a la que se ven sometidos los recién llegados. Aunque las quejas citaban usos preocupantes por las limitaciones a la libertad de los internos, la defensora concluye que no está acreditado que hayan sucedido.

A su oficina se le acumuló el trabajo en 2010 con más de 34.000 quejas atendidas, un 56% más que un año antes. Desde Asturias llegaron 1.041 reclamaciones, una cifra dos veces y media mayor de las 459 de 2009. Según sostiene la memoria, la crisis económica explica por sí sola ese aumento. La subida de los impuestos, las facturas de los servicios de telecomunicaciones y las condiciones de las hipotecas está entre los asuntos que más aprietan a los ciudadanos y que generan más apelaciones al Defensor.

Conflictos laborales La crisis también influye sobre el tipo de demandas planteadas. En Asturias, las quejas individuales, referidas a problemas que afectan a una sola persona cayeron de 402 a 325. A cambio, se produjo una explosión de reclamaciones colectivas que la defensora relaciona con los cambios y los recortes en los derechos de los funcionarios y en el empleo público. Por ejemplo, las dos quejas con más apoyos en la región fueron la oposición de los profesores a la evaluación docente promovida por la Consejería de Educación (que la defensora considera constitucional) y la resistencia de la plantilla del hospital de Arriondas a las condiciones para la integración del centro en la red pública del Sespa. Los profesores reunieron 489 firmas y los trabajadores del Grande Covián, 487.

La memoria también aporta el tradicional listado de las administraciones que no colaboran con el Defensor. En Asturias, no hay ninguna que se haya negado a proporcionar información, pero sí tirones de orejas para las que se han hecho de rogar: la Consejería de Educación por un permiso denegado a un funcionario, y los ayuntamientos de Langreo, Llanes, Gozón, Avilés, Valdés y Somiedo por diversos casos. Todos están relacionados con el urbanismo.

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