La Voz de Asturias  |  Gijón

La agencia de viajes San Lorenzo calcula que el número de afectados por su quiebra que han quedado sin vacaciones no supera los 165, entre estudiantes y clientes particulares. El abogado que representa a la propietaria, Jorge Álvarez de Linera, argumentó ayer que no se puede hablar de estafa y que “no fue algo premeditado por parte de la propietaria”. Sí reconoció que “indebidamente venía jugando con el dinero de las reservas para hacer frente a gastos que tenía pendientes”.

Según Álvarez de Linera, “el total del dinero que pertenece a quienes habían hecho las reservas gira en torno a los 170.000 euros”. En este sentido, aseguró que se está tratando de restituir “cuanto antes” las cantidades que se deben “a cada uno de los clientes”.

También quiso matizar que la propietaria de la agencia de viajes “no se encuentra en paradero desconocido” pero que, ante lo sucedido, no se encuentra en su vivienda habitual “porque psicológicamente está muy afectada y no se encuentra en condiciones para hablar con nadie”, concluyó el abogado de la empresaria.

Afectados en contacto El caso se hacía público esta semana cuando 300 estudiantes de cuatro facultades de la Universidad de Oviedo (Medicina, Peritos, Psicología y ADE) que tenían previsto viajar a la Riviera Maya iniciaban sus protestas ante el establecimiento gijonés en vista de que se quedaban sin vacaciones al declararse la agencia en quiebra.

Los estudiantes afectados explicaban ayer que ya se han puesto en contacto con ellos otros afectados, entre los que se cuentan por ejemplo parejas que iban a disfrutar de su luna de miel. En uno de los casos, el recién estrenado matrimonio iba a viajar a Tailandia tras pagar 4.000 euros. “Hablaron con nosotros algunos de los perjudicados para decirnos que estaban de nuestra parte para demandar e incluso para el día que llegue el juicio”, explicó una alumna de medicina.

Los primeros estudiantes en viajar iban a hacerlo el pasado miércoles y, el resto, tenían reservas de forma escalonadas. Anteayer buena parte de los jóvenes interponía una denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón, en donde también se les aconsejaba recurrir a la Oficina del Consumidor.

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