La Voz de Asturias  | 

El gran hermano de la videovigilancia entra en los colegios y en los institutos asturianos. Hasta ahora las cámaras se reservaban para los accesos, para vigilar el recinto y evitar entradas y salidas indebidas en horario escolar. Ahora ya se instalan en los pasillos. La escasez de personal para mantener el orden en intercambios de clase y recreos, además de resolver conflictos en la convivencia, son las dos causas que mayoritariamente empujan a las direcciones a solicitar al consejo escolar la colocación de los visores.

Esta práctica tiene defensores y detractores acérrimos. Los colegios e institutos que la han adoptado apelan a la falta de bedeles y docentes y afirman que el sistema funciona a la hora de resolver problemas de convivencia. Sus detractores señalan que las cámaras de videovigilancia son un recurso poco pedagógico y que no tiene un efecto educativo sobre los alumnos. El debate está servido.

Las cámaras El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica regularmente resoluciones de la Consejería de Educación del Principado autorizando la creación de ficheros de videovigilancia en institutos y colegios de toda la región, que ya han instalado cámaras dentro del edificio. Cumplen con este requisito para acatar la Ley de Protección de Datos. Otros centros, en cambio, se conforman con el visto bueno mayoritario de su consejo escolar, en el que están representados también los padres. No existe, por tanto, uniformidad en el procedimiento que se ha de seguir para implantar este nuevo método de seguridad.

Dentro de los centros publicados en el BOPA aparecen algunos de Secundaria como el Jovellanos, La Corredoria, el Fernández Vallín, de Gijón; o el Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción, de Langreo. Entre los que tienen alumnos de menor edad, está el colegio de educación Infantil y Primaria Manuel Álvarez Iglesias.

Las resoluciones que la consejería redacta en todos los casos son muy similares. Tan solo varía, en ocasiones, la justificación de motivos. Unos son genéricos y otros más concretos. Así, en el caso del Jovellanos, uno de los primeros, el texto de la resolución detalla que el instituto “consideró necesario un sistema de videovigilancia para evitar sustracciones de objetos personales del alumnado durante las clases de Educación Física, imposibles de solucionar por otros medios”.

También de esa primera época es la decisión del Manuel Álvarez Iglesias. En su caso la motivación es que el centro sufría “desde hace años acciones tales como sustracción de material audiovisual, roturas y desperfectos de mobiliario o desaparición de material, entre otras”. Por eso decidieron recurrir a la tecnología, colocando cámaras en lugares estratégicos que les permitieran disuadir o en todo caso identificar a los autores. Incluso precisan que aplicarán el principio de “proporcionalidad en la idoneidad”, es decir instalar el sistema solo en los lugares más adecuados y vigilando que se cumplan los fines para los que fue pensado.

Otros centros cuentan, incluso, en la resolución que las cámaras “han sido efectivas en la recuperación de bienes hurtados al alumnado, en la identificación y detención de asaltantes por la policía o en la disuasión del acceso ilícito de personas”. Es el caso del Número 1 de Gijón. Por todo esto se hace preciso la creación formal del fichero de datos de videovigilancia.

Otra más reciente es la del instituto de La Corredoria, que se concretó en este verano de 2011. El claustro aprobó la colocación de las cámaras “para el cuidado de las personas y los bienes relacionados con el centro”.

Una experiencia En cambio, otros disponen de cámaras sin autorización de la consejería y sin la creación del fichero de videovigilancia. En esas circunstancias está, por ejemplo, el instituto de Noreña, en el que el sistema lleva funcionando desde la mitad del curso 2009-2010. Cuenta con la autorización mayoritaria del consejo escolar.

La dirección de Noreña debatió previamente la necesidad de recurrir a las cámaras, consultó el tema con los padres y justificó e informó de los motivos. De hecho, todavía consta en su web oficial un documento en el que se detalla todo el proceso. En el informe el instituto explica que las cámaras son necesarias en el interior del recinto porque durante los recreos habían detectado suciedad en los pasillos, con restos incluso de bocadillos. Además la aparición de grafitis en las paredes obligaba a pintar el centro cada dos años. Las taquillas y el mobiliario (bancos y papeleras) había que renovarlo constantemente. Y en los servicios las averías eran semanales.

Este centro es de grandes dimensiones y cuenta con dos edificios alejados, situados en dos zonas diferentes de Noreña. El bloque más grande está estructurado en una única planta, tiene decenas de pasillos y patios que hacían imposible que los docentes y los bedeles lo vigilaran todo durante los cambios de clase o los recreos. El segundo es más pequeño pero se eleva en tres plantas. Allí donde no llegaban antes los ojos del personal alcanzan ahora las cámaras. Tenían la experiencia previa y positiva del exterior del recinto, donde la videovigilancia había mejorado el control de los accesos y había evitado desperfectos en coches de profesores y alumnos.

En el instituto de Noreña solo los integrantes del equipo directivo tienen acceso a las imágenes, que permanecen grabadas durante, aproximadamente, un mes. Si en ese plazo de tiempo hay algún incidente se localiza la grabación.

La directora, Rosa Ortiz de Galisteo, reconoce que al principio hubo muchas reticencias del alumnado, que llegó a organizar una jornada de huelga. Pero con el paso del tiempo las aguas volvieron a su cauce. Es más Ortiz de Galisteo afirma que se ha revelado como una herramienta muy útil para resolver conflictos sin mayores revuelos.

El debate pedagógico Los usuarios de cámaras en el interior de los centros hablan de las bondades de la videovigilancia, de la aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la convivencia y al respeto por el bien común. En cambio, también hay quien duda de su utilización por su escaso sentido pedagógico. En ese lado de la balanza está, por ejemplo, Francisco Diego Llaca, director del instituto Alfonso II y vicepresidente de la asociación regional de directores de Secundaria. Diego Llaca afirma que una cámara nunca puede sustituir el contacto entre alumnos y profesores, que una reprimenda a un estudiante cogido in fraganti siempre es mucho más efectiva que un castigo a posteriori porque le han pillado por unas imágenes. El Alfonso II tiene cámaras en el perímetro del recinto para controlar coches y personas Otra cosa diferente es adoptar medidas para evitar que las nuevas tecnologías interfieran en la enseñanza. En su reglamento de régimen interior sí que han incluido aspectos como obligar a apagar los móviles en clase para evitar que chateen.

La directora de Noreña también cree que lo mejor es el contacto entre docente y alumno, pero en el caso de su centro, por su configuración y por la escasez de personal, no pueden estar en todos los sitios. Curiosamente, han descubierto que el recelo inicial de los alumnos se ha traducido en una aparente normalidad, hasta se olvidan de las cámaras y son capaces de hacer travesuras delante de ellas.

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