La administración de justicia se librará del recorte presupuestario. El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, se comprometió ayer ante las principales autoridades judiciales de la región a dejar a este servicio público “esencial” fuera de las medidas de contención del gasto público puesto en marcha por el Ejecutivo y a iniciar una línea de “colaboración y diálogo” para buscar soluciones a la amplia lista de necesidades que la limitan.
Considerada tradicionalmente como la hermana pobre de la administración por la insuficiencia de medios materiales y personales, la justicia se caracteriza por la escasez de infraestructuras que aboca a los profesionales a trabajar “al límite de lo posible”, por lo que “no se puede hacer más, ni se puede hacer mejor de lo que se hace”, como describe gráficamente Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Vidau aprovechó ayer el acto de apertura del año judicial, celebrado en el Palacio de Valdecarzana, para trasladar al presidente del Gobierno regional la importancia de ofrecer al ciudadano una justicia moderna, ágil, eficiente y eficaz, pero su objetivo choca con la realidad ante el mal estado de las sedes, algunas de ellas incluso “están en condiciones absolutamente indignas”, subrayó.
Un ejemplo -denunciado de forma reiterada en las memorias de actividades- es la dispersión de edificios judiciales, como ocurre en Oviedo, donde “la necesidad de unificar las sedes es perentoria porque la situación actual es insostenible”, ilustró.
Vidau reconoció que la crisis económica está haciendo mella. Admitió que su preocupación ha ido “en aumento” puesto que lo que “el año pasado estaba en marcha, hoy se ha ralentizado o incluso se ha paralizado”. Consciente de que esta crisis “va a requerir sacrificios por parte de todos los sectores de la sociedad”, no obvió que la justicia “al igual que la sanidad o la educación” constituyen un servicio público esencial y como tal “no debería verse afectado por sustanciales recortes presupuestarios”.
El presidente del TSJA se quejó igualmente de que es una administración “austera y corta de medios”, en un hecho que atribuyó a “la escasa atención que tradicionalmente se le presta a la hora de confeccionar los presupuestos” y, por ello, “a poco que se le recorte -añadió- queda abocada a un descenso notorio en la calidad del servicio prestado”.
Álvarez-Cascos recogió el guante de sus reivindicaciones. Anunció que la Dirección General de Justicia estudia “diferentes posibilidades” para solucionar la dispersión de sedes que sufre Oviedo.
El Ejecutivo impulsará la nueva oficina judicial en cuyo contexto enmarca la próxima apertura del nuevo Palacio de Justicia de Gijón, aunque advierte de que habrá que ser “especialmente cautelosos” a través de su implantación “progresiva” para no incurrir en los mismos errores que surgieron en otras autonomías.
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