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La siniestralidad laboral se ha convertido en un problema serio en Asturias que la Fiscalía intenta erradicar utilizando la ley, en toda su dureza, para luchar contra los empresarios irresponsables. En el último caso llegado a los tribunales, el de un hombre que perdió tres dedos en un accidente laboral en 2007 en el polígono de Olloniego, la fiscal Esperanza González Avella pide dos años de cárcel para los responsables de la empresa. Además, reclama la inhabilitación especial de los acusados para el ejercicio de su profesión durante dos años y una indemnización de 120.000 para el trabajador.

Los acusados son S.B.H., nacida en Ujo en 1971 y residente en dicha localidad, y L.B.C. nacido en 1944 y también residente en Ujo. La vista oral será el día 7 a las 10.30 horas en el juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron a las diez de la mañana del 29 de marzo de 2007. Un trabajador que responde a las iniciales M.J.C. se encontraba en las instalaciones de la empresa utilizando una encuadradora para cortar una tabla. Se suponía que tenía que cortar a la mitad longitudinalmente un listón de siete centímetros de ancho y 60 de largo. El trabajador sujetó al tabla con la mano y la aproximó al disco de corte, momento en el que este le alcanzó amputándole tres dedos. En concreto, según el parte médico, las lesiones consistieron en la “amputación de la falange distal y laceración de la piel volar a dos niveles del segundo dedo de la mano derecha, amputación de la falange distal a nivel de la cabeza de la falange media y fractura de la falange media del tercer dedo de la mano derecha y laceración de la falange distal con fractura conminuta y pérdida ósea del quinto dedo de la mano derecha”. En conclusión, perdió parte de tres dedos, por lo que sufre lo que se denomina trastorno adaptativo, que le impide desarrollar su trabajo. Según la fiscal, el accidente se produjo porque el disco de corte y las ranuras carecían de la pertinente protección, diseñada para proteger las manos del operario. Además, el trabajador no disponía de un empujador para acercar la madera al disco y la máquina no tenía todas las homologaciones de calidad europeas.

La Fiscalía de Siniestralidad Laboral asegura en su calificación inicial que la acusada, como administradora única y socia de la empresa, estaba obligada a proporcionar las medidas adecuadas para un uso seguro de la maquinaria y a tenerla homologada. Según la fiscal, pese a ser consciente de las carencias, la mujer permitió al obrero seguir trabajando en esas condiciones. El otro acusado, por su parte, también es socio de la empresa y no sólo estaba al tanto de la forma en la que se realizaba el trabajo y el material que se utilizaba, sino que impartía órdenes al trabajador.

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