La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado motivos suficientes para dar traslado a la denuncia del Síndico Mayor asturiano, Avelino Viejo, a la sección de enjuiciamiento del citado órgano nacional de fiscalización sobre los posibles perjuicios de fondos públicos en el Ayuntamiento de Oviedo. De este modo, se aprecian indicios de una posible responsabilidad contable del Gobierno local en el caso de la expropiación de Villa Magdalena.
El informe de fiscalización que remitió el Síndico es el relativo a las deudas de cinco ayuntamientos de la región (Oviedo, Gijón, Avilés, Cangas del Narcea y Llanes), informe que no fue aprobado por el consejo de la entidad (dos de los tres síndicos votaron contra su visto bueno final); pero la decisión de trasladarlo al Tribunal de Cuentas fue motivada por la “existencia de indicios de responsabilidad contable en relación con determinadas operaciones del Ayuntamiento de Oviedo”, tal y como señala el propio Síndico en la nota remitida a la Junta General el pasado 18 de enero.
Avelino Viejo trasladó la documentación relativa a esta posible responsabilidad contable al Tribunal de Cuentas el pasado mes de diciembre, momento en el que el órgano inició su valoración que, finalmente, pasó la primera criba. El caso se encuentra ahora en otro proceso selectivo, en el que el Tribunal puede seguir elevando el asunto -y se iniciaría una instrucción- o podría ser archivado. No obstante, independientemente de la resolución que adopte esta institución en el ámbito contable, existe la posibilidad de dar traslado a otra jurisdicción, ya sea ésta judicial o administrativa.
El expediente remitido por el Síndico es muy amplio y deja las puertas abiertas a muchas calificaciones; sin olvidar el posible archivo del caso, se pueden dar diversas responsabilidades contables, como la directa -porque los responsables han ejecutado o forzado los hechos investigados- o la subsidiaria -por negligencia o demora en el cumplimiento de las obligaciones-. En este punto cabe recordar que el proceso de la expropiación de Villa Magdalena se dilató en el tiempo -así como su valor económico- porque el Gobierno local del PP no consignó en 1998 la cantidad para abonar el justiprecio establecido, marcado entonces en los 11,2 millones de euros.
Lo que sí ha establecido el Síndico es la intervención del Tribunal de Cuentas al haber un procedimiento de alcance en Oviedo, esto es, porque no se ha podido justificar la deuda generada por la expropiación de Villa Magdalena; y es que de los 11,2 millones de euros, se ha pasado a un valor de 43 millones de euros, cifra fijada en el acuerdo suscrito entre el Gobierno local y la propietaria de la finca expropiada, la empresa Comamsa. Este acuerdo -que también ha sido remitido al Tribunal de Cuentas- establece una compensación a la constructora en especie: entregando el subsuelo de las calles Uría y Toreno para la construcción de 1.500 plazas de aparcamiento. Comamsa se reserva el derecho reclamar los 63 millones de la última tasación realizada si el pacto no se cumple.
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