Las cuentas no salían y al final el Gobierno ha tenido que claudicar y buscar la fórmula para prestar nuevo apoyo a las entidades financieras, eso sí, después de exigirles los mayores saneamientos del ladrillo que se han visto hasta el momento en la Unión Europea. Hasta ahora, el Estado ha concedido ayudas por importe de 17.616 millones, de los que 10.065 millones se concedieron en forma de préstamo, que ahora le está reportando intereses de unos 700 millones al año, y el resto se entregó a cambio de acciones y es complicado que consiga recuperarlo.
Ahora, aportará otros 6.000 millones de euros para reforzar el fondo de rescate (FROB), que prestará más dinero al 8% de interés. El ministro de Economía, Luis de Guindos, que presentó ayer la reforma en rueda de prensa, no quiso apuntar cuánto dinero más necesitarán las entidades (puede ser más de esos 6.000 millones porque el FROB tiene capacidad de endeudarse) pero sí insistió hasta en seis ocasiones en que no son ayudas públicas porque no generan déficit. Sea cual sea su nombre (Bruselas las califica como ayudas de Estado), lo cierto es que en el primer momento no tendrán coste para el contribuyente y sólo lo tendrá si las entidades que reciban ayudas sitúan su nivel de solvencia por debajo del 8%.
La nueva normativa exige a las entidades 50.000 millones en saneamientos de sus activos inmobiliarios relacionados con el ladrillo, desde los créditos concedidos a promotoras y constructoras aunque estén al corriente de pago (un 7% de provisiones) hasta el suelo (que asumirá un descuento del 80% en su valor), las promociones (una pérdida del 65%) y las viviendas (una devaluación del 35%).
Las entidades tendrán hasta final de año para hacer estas provisiones y deberán hacerse en su mayoría (35.000 millones) con cargo a los resultados y la genérica que ya tienen constituida y los otros 15.000 millones restantes, contra capital. Sin embargo, las entidades que se fusionen tendrán un año más para cumplir con los requisitos y también podrán hacer los cargos contra su patrimonio en lugar de restar los saneamientos de sus beneficios. Esta salida beneficiará a las entidades más débiles, que en otro caso no podrían hacer frente a los requerimientos ya que varias de ellas, sobre todo las intervenidas, vivirían varios años de pérdidas para poder cumplir las exigencias. Frente a ello, las tres más grandes (Santander, BBVA y La Caixa) podrán cumplir sin problemas, aunque no sin dar un tajo a sus resultados, los saneamientos en un año.
La gran duda que está instalada en el mercado es Bankia (y su matriz BFA), cuyas necesidades rondarían, según los expertos, los 8.000 millones de euros, una cifra que no puede asumir con sus resultados ya que apenas gana 400 millones al año. Cuenta con varios elementos de capital (participaciones preferentes y convertibles por 6.300 millones), pero sólo le serían útiles en caso de que ejecutara una fusión. La normativa obliga a que la entidad absorba a otra de al menos un 20% de su tamaño para beneficiarse de las ventajas, pero “en casos excepcionales” que De Guindos no quiso detallar, podrá ser del 10%. A falta de saber cuáles son esos casos, esta excepción bien podría aplicarse al intento de fusión de Bankia y Unnim, que es exactamente una décima parte de Bankia.
De Guindos, que destacó que las entidades que reciban ayudas tendrán que comprometerse a mantener o incrementar el crédito, explicó que el objetivo de la medida es conseguir que las entidades españolas recuperen su credibilidad en los mercados y, por tanto, puedan captar fondos para luego prestárselos a sus clientes. Además, destacó que ahora saldrán muchos más pisos a la venta y con unos precios más asequibles.De Guindos también insistió en que pondrá coto a la gobernanza de las entidades, pero no quiso precisar si limitará los sueldos de los ejecutivos de las entidades con ayudas. Las entidades que ayer salieron a la palestra destacaron la medida como positiva y aseguraron que podrán cumplir la norma.
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