Uno de los empresarios acusados en Gijón de defraudar Hacienda asume los hechos en solitario
ASTURIAS
La Fiscalía ha retirado la acusación para los otros cuatros, al considerar que no está acreditada su participación en los hechos
29 sep 2016 . Actualizado a las 13:37 h.Uno de los cinco empresarios acusados de defraudar casi medio millón de euros a la Hacienda Pública utilizando una «empresa pantalla» domiciliada en un paraíso fiscal asumió hoy los hechos en solitario, por lo que la Fiscalía de Área de Gijón retiró la acusación para los otros cuatro, al considerar que no está acreditada su participación en los hechos. La vista oral estaba señalada para este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, aunque la conformidad alcanzada evitó su desarrollo.
La mercantil con domicilio fiscal en Gijón y cuyo objeto social era la importación de lingotes de hierro para venderlos entre acerías y fundiciones situadas en territorio español, durante el año 2006 estuvo dirigida por un Consejo de Administración del que formaba parte el acusado. Así, éste, movido por la intención de obtener un beneficio con cargo al erario público ingresando menos cantidades de las debidas, en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2006 consignó en concepto de base imponible una cantidad inferior a la real, utilizando para lograrlo otra empresa, domiciliada en Vaduz (Principado de Liechtenstein). La misma, en realidad, actuaba como una "empresa pantalla" controlada por los acusados, y era utilizada con la única finalidad de descargar en ella parte el beneficio de la compraventa de lingotes de hierro.
La función de la empresa pantalla era la de refacturación, emitiendo facturas por una supuesta compraventa de lingotes de hierro con unos importes inflados, que no se correspondían ni con el valor de las mercancías ni con los servicios y gestiones realizados por ella, descargando parte del beneficio que la primera sociedad obtenía por la compraventa de esos lingotes de hierro en el Principado de Liechtenstein que, según el Real Decreto 1080/1991, de 5 julio, tiene la consideración de paraíso fiscal. La cuota defraudada en el ejercicio 2006 ascendió a 493.809,19 euros.
Así, el acusado reconoció haber cometido un delito contra la Hacienda Pública y asumió una condena de 6 meses de prisión (el Fiscal no se opone a la posible sustitución de la misma por una multa de 3.600 euros), inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 320.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.500 euros no satisfechos, además de la pérdida del derecho a recibir ayudas y subvenciones durante 1 año y 6 meses
Además, el acusado deberá indemnizar a la Hacienda Pública con 493.809 euros (cuantía de la cuota defraudada), más los intereses legales, y pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. De estas cantidades responderá de forma solidaria la empresa.