Los letrados Gonzalo Olmos y Gemma Arbesú participan como observadores internacionales en un juicio contra 24 acusados de matar a 11 agentes marroquíes. Ambos explican la tensión del caso
29 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Gonzalo Olmos y Gemma Arbesú son dos de los abogados que participan como observadores internacionales en el juicio contra los 24 saharauis a los que se les acusa de haber matado a 11 agentes marroquíes. Ambos son representantes del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara, que desde 2008 supervisa el cumplimientos de los derechos humanos en este territorio africano. La primera vista, que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre, transcurrió con normalidad, aunque denuncian que ya ha habido alguna incidencia en lo que respecta a la defensa de los acusados. A pesar de que se trata de un juicio civil y no militar, los abogados no son optimistas y temen que el gobierno quiera aprovechar las muertes de estos agentes para «oprimir a los líderes saharauis». Sus anécdotas revelan la tensión acumulada, cómo una colega francesa fue expulsada o cómo a ellos les requisaron los móviles.
Los hechos tuvieron lugar en 2010 en Gdeim Izik -a las afueras de El Aaiún- cuando el ejército marroquí entró a desmantelar un campamento en el que residían alrededor de mil personas y en el que murieron once agentes y cinco civiles saharauis. Estos hechos se convirtieron en los más graves vividos en el Sahara desde la proclamación del alto el fuego en 1991. 24 fueron procesados y juzgados por un tribunal civil. Nueve de ellos fueron condenados en 2013 a cadena perpetua y el resto a penas de 20 o 30 años de cárcel -dos de ellos quedaron en libertad porque las condenas fueron iguales o inferiores al periodo que ya habían estado en prisión desde los sucesos-. Tras presentarse un recurso de tasación, la sentencia fue anulada y el juicio ha tenido que repetirse.
Este nuevo proceso cuenta con la participación de Gonzalo Olmos y Gemma Arbesú, representantes del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara. Junto al resto de juristas internacionales darán fe de lo que suceda durante el litigio e informarán sobre si ha habido o no vulneración de los derechos humanos. Para ambos, este no es el primer juicio en Marruecos en el que participan como observadores. Reconocen que la policía ejerce un control sobre ellos desde el momento en el que entran en el territorio, pero en su caso «nunca una amenaza directa», afirma Arbesú. A pesar de ello, señalan que en más de una ocasión los agentes han expulsado del país a otros observadores.
La primera sesión tuvo lugar el pasado 26 de diciembre en Rabat. En declaraciones a LA VOZ DE ASTURIAS, los dos asturianos afirman que el juicio ha transcurrido con normalidad aunque sí que ha habido alguna incidencia. Señalan que una de las abogadas francesas de la defensa fue expulsada de Marruecos en abril de 2016 y en esta ocasión se le quería impedir la entrada. En lo que a ellos respecta, apuntan que en la primera vista se les retiró el teléfono móvil antes de entrar en la sala mientras que la acusación acudió con sus dispositivos. Afirman además que el número de policías y militares dentro del edificio -alrededor de 60- superaban a los civiles que habían acudido.
La segunda sesión se celebrará el próximo 23 de enero. A pesar de que esta vez el proceso es civil y no militar, «viendo la experiencia anterior, no soy optimista», afirma Arbesú. Por su parte, Gonzalo Olmos es contundente y asegura que «se trata de un juicio sin garantías con imputaciones genéricas. No hay pruebas de cargo que acrediten estos hechos. Tenemos el temor de que se quieran aprovechar de esas muertes para oprimir a los líderes saharahuis».