El PP y Podemos cargan contra la gestión del Principado de los fondos de formación

LA VOZ REDACCIÓN

ASTURIAS

Los principales partidos de la oposición piden explicaciones y acusan al Ejecutivo de mirar hacia otro lado

17 ene 2017 . Actualizado a las 19:19 h.

Los dos principales partidos de la oposición han criticado al Principado en su gestión de los fondos de formación. Tanto Podemos como PP han pedido explicaciones al Ejecutivo sobre el uso de las ayudas. El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha acusado hoy al Gobierno del Principado de «mirar hacia otro lado» y de haber «obstruido» en el Parlamento y en los juzgados la investigación abierta sobre la gestión realizada por UGT. El PP ha criticado además la respuesta del sindicato a la operación realizada hoy por la Guardia Civil en la que ha detenido a seis personas vinculadas a la central.

Ripa ha señalado que su grupo alertó hace tres años de las similitudes en los casos relativos a los cursos de formación que impartía UGT en Andalucía y en Asturias dado que se realizaban «las mismas prácticas y los mismos procedimientos».

Entre ellos, el dirigente morado menciona el pago de nóminas a trabajadores del sindicato con subvenciones «que no tenían ese objeto» o el «autoalquiler» de locales «que enriquecía al sindicato» así como «un tren de vida» por parte de algunos dirigentes sindicales que no se correspondía con el de los trabajadores.

Ripa ha incidido en que Podemos preguntó hasta en tres ocasiones al Gobierno regional sobre este asunto y que hace un año accedió a 66 cajas de documentación con expedientes muy concretos, una información que, afirma, se les debía haber remitido en quince días y les fue enviada en un plazo de cinco meses.

«Nos preocupa ese quid pro quo del PP y del PSOE para no hablar de la corrupción del vecino de forma que el PSOE no habla ni de Caunedo ni de Bárcenas y el PP ha mirado para otro lado en los últimos meses sobre el caso de la UGT», ha añadido.

Según el dirigente de Podemos, el presidente del Principado, Javier Fernández, «tiene poca suerte a la hora de escoger a los líderes sindicales que le avalan» dado que el ex secretario general de UGT Justo Rodríguez Braga, detenido hoy, «defendía que era el mejor líder posible» y que el ex secretario del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, también investigado, fue su «padrino político».

«Los asturianos necesitan sindicatos que defiendan sus derechos y no dirigentes que parecen a sueldo de quienes quieren eliminar el sindicalismo», añade Ripa.

Por su parte, el diputado del PP en el Parlamento asturiano José Agustín Cuervas-Mons ha reclamado explicaciones del Gobierno regional sobre el uso de las subvenciones para formación recibidas por UGT en el Principado y ha criticado la respuesta del sindicato a la operación realizada hoy por la Guardia Civil en la que ha detenido a seis personas vinculadas a la central.

Cuervas-Mons ha recordado que el pasado mes de febrero su grupo ya pidió explicaciones al consejero de Empleo, Francisco Blanco, sobre las ayudas públicas concedidas a la UGT tras la investigación abierta por el juzgado número 4 de Oviedo después de la denuncia presentada por la Fiscalía.

«Es imprescindible que se garantice que las subvenciones y fondos públicos que pagamos todos los asturianos destinadas a formación han sido correctamente utilizadas y debidamente justificadas y eso necesita una aclaración contundente», añade el diputado del PP.

A su juicio, sería «muy grave» que los responsables de un sindicato que defiende los derechos de los trabajadores no utilizase correctamente los fondos destinados para formar a desempleados.

Además, el parlamentario popular ha rechazado las afirmaciones del secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, que ha calificado de espectáculo innecesario el registro efectuado por la Guardia Civil en la sede regional de la central para acceder a una «documentación que siempre ha estado a su disposición».

Según Cuervas-Mons, dichas afirmaciones son «inaceptables e inapropiadas para alguien que tenga un mínimo sentido común» dado que, ha subrayado, la Guardia Civil «no actúa porque tenga ganas de fiesta» sino porque el juez lo ordena.

«Lo grave no es que la Guardia Civil se persone a realizar una inspección, lo grave es que una organización sindical que ha tenido durante mucho tiempo un trato especial por parte de la administración utilice mal esos fondos o los sustraiga», ha añadido.