Aseguran desconocer las razones que han desencadenado este operativo especial de la UCO después de un año y medio de investigaciones en el juzgado
18 ene 2017 . Actualizado a las 12:46 h.El exsecretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, los últimos responsables de Formación en las ejecutivas que dirigía, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, así como la responsable de Comunicación, Carmen Caballero, y el trabajador del departamento de Contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto G.C, se han acogido a su derecho a no declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, adonde habían conducidos en un furgón policial dentro del operativo especial llevado a cabo por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO), desplazados expresamente desde Madrid a Asturias. La sexta persona detenida, Silvia S., trabajadora del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) ha sido la única que respondió a las preguntas formuladas en relación a la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo. La instrucción se encuentra bajo secreto de sumario.
Los abogados del despacho Proley, en la capital asturiana, han asumido la representación legal de los cinco investigados que se negaron a declarar. El letrado Francisco Alonso corroboró que, anoche, aún desconocían las razones que han motivado este dispositivo especial para su arresto, especialmente teniendo en cuenta que la causa está siendo instruida desde hace un año y medio. «Ni entienden la detención después de un año y medio de investigaciones, ni comprenden las razones del operativo especial», reiteró el letrado quien mostró su sorpresa por el espectacular despliegue de efectivos policiales y la forma en que se ha desarrollado esta actuación policial por un procedimiento penal que seguía su curso en los juzgados.
Delitos contra la Hacienda Pública y fraude en subvenciones
Los detenidos permanecerán toda la noche en el calabozo de las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo y pasarán previsiblemente en las próximas horas a disposición judicial.
La Fiscalía denunció al sindicato en Asturias ante el juzgado en el año 2015 por la presunta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, el IFES. La denuncia respondía a la investigación de la Guardia Civil que, desde 2014, investigaba a UGT de Asturias por su presunta implicación en los delitos contra la Hacienda Pública y fraude en las subvenciones para los cursos de formación desde el año 2010, según confirmaron fuentes judiciales.
«Daño irreparable»
Fuentes del sindicato consultadas por este periódico se han expresado en una línea similar a la del abogado de los detenidos. No entienden el «circo mediático» ni el dispositivo utilizado por la Guardia Civil para registrar la sede del sindicato. Aunque aseguran que respetan la decisión, consideran que no era necesario actuar de la forma en la que lo hicieron. «El sindicato siempre ha colaborado y ha aportado toda la documentación que le han pedido», afirman las mismas fuentes, que no entienden a qué se debe la actuación de ayer.
El secreto de sumario provoca que los detenidos desconozcan los motivos del dispositivo especial. Desde UGT recuerdan que la investigación lleva varios meses y que no ha habido ningún hecho añadido que justifique la operación de registro ni las detenciones. Desconocen exactamente qué están investigando y por ello el desconcierto dentro de la formación es aún mayor. Eso sí, tienen claro que, aunque finalmente el caso se archive, la operación ha supuesto un «daño irreparable» para el sindicato.