Los responsables del sindicato asistieron entre estupefactos e indignados a un registro que se acompañó de la detención del exsecretario general en Asturias y varios miembros de su ejecutiva
18 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Mucho tiempo antes (alrededor de dos años) de que la Guardia Civil cruzara las puertas de la sede de UGT en la plaza del General Ordóñez de Oviedo --un edificio se los más verticales de la ciudad, con hasta una docena de plantas) a las 9 de la mañana del 17 de enero, mucho antes, la investigación por un presunto delito de desvío de fondos de los cursos de formación del sindicato estaba concentrada al otro extremo de la península, en Sevilla. Fue allí donde comenzó la indagación de prácticas fraudulentas sobre el cobro de subvenciones que se hinchaban para desviar fondos al pago de nóminas de trabajadores del sindicato. A raíz de esas investigaciones, se recibió, esta vez en Madrid, la denuncia de que en Asturias se llevaban a cabo prácticas similares.
En diciembre de 2014 la derivada del caso en Asturias recayó en la la jueza María Luisa Llaneza, del juzgado número 4 de la capital asturiana, y se centró en si el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur) hincharon contratos para elevar de forma artificial los costes de los cursos de formación costeados con subvenciones del Gobierno asturiano. Durante este largo periodo el sindicato siempre insistió en que todos los cursos de formación se habían llevado a cabo conforme a la ley y la prolongación de la causa dio tiempo, incluso, a una renovación de la cúpula dirigente del sindicato. Justo Rodríguez Braga, ahora detenido, no se presentó a la reelección y que obtuvo el mando de la central Javier Fernández Lanero, hijo del «histórico» sindicalista Manuel Fernández 'Lito'.
En una jornada gélida, los periodistas aguardaban en el exterior de la sede alguna declaración de algún responsable sindical. Pero en el interior se habían quedado helados cuando a las 9 de la mañana vieron a los agentes cruzar sus puertas. Lanero recibió a los medios apesadumbrado varias horas después de asistir al registro general de la sede del sindicato en Oviedo con apenas la certeza de que ninguno de los miembros de su ejecutiva había sido detenido, insistiendo en la inocencia del sindicato --reiteró en varias ocasiones que todos los cursos habían sido «impartidos y justificados» conforme a los pliegos de las convocatorias y con el visto bueno de los técnicos de la administración autonómica-- y desolado, especialmente, por el «daño irreparable» que la vista de los agentes apostados a las puertas de la sede harían a la imagen del sindicato. Como un «martirio», un «espectáculo mediático» y un despliegue «desproporcionado», se refirió Lanero a la intervención de la Guardia Civil asegurando que estaban abiertos a colaborar con la justicia y a entregar cualquier documentación que se les requiriera.
Lejos, pero aún en la misma periferia de Oviedo, en el cuartel de Rubín, ya estaba detenido el exsecretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga, el primero de los nombres filtrados por la Unidad Central Operativa (UCO) en las primeras horas de la mañana. Junto a él, otros cinco nombres que se fueron conociendo pasado ya el mediodía: Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, responsables de Formación en las ejecutivas que dirigía Braga; la exresponsable de Comunicación y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero, y un trabajador del departamento de contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto G.C., además de la empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia S.F. Todos ellos pasarán la noche en el calabozo a la espera de comparecer este miércoles ante el juez.
Según informó la agencia EFE, al margen de los detenidos este martes, el juzgado que instruye este caso citó hace meses a declarar al responsable del IFES de Asturias, Andrés de Dios, y a responsables de INFASTUR y de otra empresa también filial de UGT, Localmur, por su presunta implicación a la hora de inflar las facturas de los locales alquilados para dar cursos de formación en distintos puntos de Asturias.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el Gobierno asturiano también se personó en la investigación abierta, procedió a la revisión de las ayudas concedidas a UGT y en el primer trimestre de 2015 acordó la revocación de subvenciones a UGT por importe de 347.000 euros (más de 400.000 euros con los intereses de demora). No obstante, tras esa decisión, el sindicato ganó algunos juicios en los procedimientos contencioso-administrativos que presentó contra la revocación de las ayudas.
A lo largo de la mañana, el desconcierto reinó entre los trabajadores del sindicato en Oviedo, varios indignados, como Lanero, por lo que consideraron una actuación desproporcionada de los agentes (incluso, la término de la intervención de Lanero, algunos reclamaban que fueran «Génova», la sede nacional del PP en Madrid, «donde está la Gürtel». El secretario general del sindicato en Asturias no quiso, en todo caso, poner la mano en el fuego por su antecesor en el cargo; sí lo hizo «por la gente que está en el sindicato intentando hacer las cosas bien y que son la gran mayoría».