Los sindicalistas están a la espera de ser llamados por la jueza Carmen Blanco
18 ene 2017 . Actualizado a las 19:54 h.El exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, y los otros cinco detenidos han quedado este miércoles en libertad sin medidas cautelares tras haberse acogido a su derecho a no declarar ante el juez, tal y como le había recomendado su abogado. Rodríguez Braga es uno de los seis dirigentes del sindicato que este martes fue detenido en el marco del operativo desarrollado por la UCO. Los seis sindicalistas quedan a la espera de ser llamados por la juez Carmen Blanco, una vez que los abogados hayan estudiado la amplia documentación. Aunque en un primer momento había trascendido que quedan en libertad sin cargos, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha precisado que todos siguen ostentando la calificación de investigados. El TSJA precisa que el operativo se debe a un posible fraude en subvenciones y falsedad documental.
Los abogados de la defensa de los seis detenidos habían anunciado antes que los sindicalistas no podrían prestar declaración en esta jornada ante la juez. Se debía a la gran cantidad de documentación, más de 3.000 folios, que el juzgado y los abogados deben examinar previamente.
Así lo aseguró el abogado de Rodríguez Braga, Francisco Alonso, a la entrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, donde se desarrolla la causa. Según Alonso, no dará tiempo a que los detenidos declarasen por el volumen de la información a estudiar. El letrado lamentó cómo se estaban desarrollando los acontecimientos y ha afirmado que sus defendidos tienen «la conciencia tranquila». Criticó además que la detención ha sido «una injusticia» al desconocer quién dio la orden.
La juez que instruye el caso, Carmen Blanco, también tendrá ahora que analizar el nuevo informe, de unos 3.000 folios, entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) después de realizar un exhaustivo registro en la sede regional de la Unión General de Trabajadores este martes. Los detenidos pasaron la noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Rubín. Los letrados de la defensa tendrán que analizar también la extensa documentación recabada por la Guardia Civil.
La operación
El dispositivo en el que resultaron detenidos el exsecretario general de UGT Asturias así como otros cinco miembros del sindicato, se llevó a cabo este martes al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación del sindicato UGT.
Concretamente el Juzgado ha ordenado el registro de tres sedes sociales domiciliadas en el mismo edificio de la Plaza General Ordóñez de Oviedo: la de la Unión Regional de Asturias de la UGT, la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales en Asturias (IFES) y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur).
En el marco de la misma operación fueron detenidas en distintos puntos del Principado seis personas. Además de Justo Rodríguez Braga fueron detenidos miembros del sindicato, de IFES y de Infastur, directamente relacionados, por su cargo actual o anterior, con la administración y gestión de las subvenciones para formación.
Exhaustivo registro
Fue hace poco más de un año cuando el fiscal Gabriel Bernal formuló denuncia ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato UGT a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales.
Las diligencias de investigación se incoaron en el mes de diciembre de 2014, tras un informe presentado en Fiscalía por la UCO denunciando una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.
El fiscal señalaba que los hechos se referían, en esencia, a una supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo desde un tiempo no precisado, pero que se remontaría a muchos años atrás, por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y con delegaciones territoriales, para la realización de actividades formativas y de estudios sociales.
En el informe se indicaba que los hechos guardaban semejanza con los que se estaban investigando en otro procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Precisamente, a raíz de la amplia difusión pública de esa información, la unidad policial habría recibido información por parte de una persona sobre la existencia de hechos similares relacionados territorialmente con Asturias.
Desde el sindicato UGT, ya en el tiempo que se conoció la denuncia del fiscal insistieron en todo momento en la «absoluta legalidad» de las actuaciones llevadas a cabo en materia de formación y consideró «sorprendente» que la denuncia llegase tras un año de investigación en la que no se habían encontrado pruebas. También pedían que el caso se esclareciese de forma definitiva, porque el asunto estaba haciendo mucho daño al prestigio de la organización.