El colectivo denuncia que el ministerio ha modificado de forma unilateral sus contratos. El rector rechaza cualquier reducción de derechos pero cree que el cambio es solo una cuestión técnica
22 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Unos lo llaman precarización. Otros dicen que es solo una cuestión técnica. Lo cierto es que el Gobierno ha cambiado, sin previo aviso y con carácter retroactivo, los contratos predoctorales firmados a partir del año 2014 y que están sostenidos con recursos de los ministerios de Educación y Economía. Pasan de ser contratos de obra y servicio -con el código 401- a unas prácticas -código 420-. La medida ha desatado la ira de los afectados que denuncian, en primer lugar, que nadie haya hablado con ellos antes de modificar las condiciones y, además, el «ninguneo y el desprecio» con el que los tratan las autoridades. En Asturias, afecta a alrededor de 175 jóvenes, según los cálculos de la Universidad de Oviedo, que ha atendido las consultas individuales realizadas en los últimos días por investigadores preocupados. Sin embargo, el rector, Santiago García Granda, mantiene el mismo criterio que la Conferencia de Rectores (Crue). Los responsables universitarios coinciden en que esto no supone ninguna pédida de derechos y que se trata, únicamente, de una cuestión burocrática sin más repercusiones.
Los jóvenes investigadores no se fían de estas explicaciones. Aunque el Gobierno del PP les ha asegurado que la modificación de los contratos es es administrativa y que no afecta a la cotización, al subsidio o a una posterior indemnización por despido, el colectivo ha comenzado a informarse y los expertos no están igual de tranquilos. Los sindicatos y los abogados consultados por el colectivo Precarios.org les han explicado que «tendrá profundas implicaciones para el futuro laboral d elos afectados» y que «todo cambio efectuad de manera unilateral y sin el conocimiento y aceptación de las partes es ilegal». Por esas dos razones, exigen una rectificación inmediata. «Esta medida afecta al eslabón más débil del sistema I+D+i, los investigadores en las etapas iniciales», lamentan.
García Granda, en cambio, no ve motivos para alarmarse. «La Universidad de Oviedo es contraria a cualquier decisión que reduzca los derechos de sus trabajadores. Sin embargo, en este caso entendemos que el cambio de código de los predoctorales no supone un cambio en la calificación del contrato y no tiene consecuencias sobre el conjunto de derechos y obligaciones», tranquiliza el rector. Insiste en que desde la Universidad solo ven una cuestión técnica de ajuste entre los contratos del Sepe y las reglas de cotizació de la Tesorería de la Seguridad Social. El rector, al igual que el resto de la Crue, sí le preocupa cómo puede afectar a la tarjeta de asistencia sanitaria europea, «ya que la movilidad internacional es imprescindible para nuestro personal investigador en formación», precisa.
¿A quién se ha modificado el contrato? La Universidad de Oviedo considera que puede afectar a unos 90 contratados que son becarios de convocatorias de Formación del Profesorado Universitario y de la convocatoria de Formación del Personal Investigador. También hay otos 85 contratados de la convocatoria de las becas predoctorales Severo Ochoa del Principado. En tota, rondan los 180. Como colectivo no han realizado ninguna gestión, pero a título individual han presentado consultar en el Servicio de Investigación, alarmados por las noticias que se estaban difundiendo.
Santiago García Granda explica que los contratos vigentes con cargo a la Ley de la Ciencia tienen tres modalidades, los celebrados con personal investigador en formación, que han sido sustituidos por los predoctorales; los de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación y los propiamente predoctorales. Pero también indica que la Tesorería de la Seguridad Social ya informó en un boletín de febrero de 2016 que era obligatorio codificar todos esos contratos predoctorales, a efectos de cotización, como en prácticas, pero con una relación laboral de carácter especial, por lo que no es exactamente lo mismo. El Ministerio de Educación, de hecho, ha ido notificando a las universidades, que son las entidades colaboradoras de todos estos programas, las instrucciones necesarios para aplicar las modificaciones, que también han alcanzado a los Severo Ochoa.