Los familiares de los usuarios del ERA ven insuficiente el decreto del Principado
ASTURIAS
La platoforma de afectados cree que con los seis millones anunciados en devoluciones no se soluciona el problema. Podemos critica que el Gobierno no explique adónde fue a parar el dinero de la dependencia
02 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los familiares de los usuarios de las personas fallecidas en las residencias del ERA están expectantes. El Principado ha anunciado que está trabajando en la elaboración de un decreto -estará disponible en el mes de julio- que permitirá regular la situación actual. Además, el Gobierno regional ha reconocido que cobró de más a 2.338 familias, motivo por el que tendrá que devolverles, en conjunto, unos seis millones. La plataforma de afectados esperará hasta que les lleguen las liquidaciones individuales para dar nuevos pasos, pero adelantan que la cifra de seis millones «parece» escasa para cubrir todas las reclamaciones. Podemos, que ha sido el partido que ha abanderado las quejas, también critica el anuncio del Ejecutivo.
Ángel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Afectados por el ERA, asegura que esperarán las liquidaciones individuales para después «ver qué es lo que quiere hacer cada uno». Respecto a la cifra de familias a las que el Principado reconoce que ha cobrado de más -2.338-, Rodríguez explica que esas son las cuentas de la administración y que ellos tendrán que esperar para saber si ahí se incluye a todos. En lo que sí que tiene más dudas es sobre los seis millones que el Gobierno aseguró que utilizará para devolver el dinero a los afectados que pagaron de más. Rodríguez considera que es una cifra insuficiente.
«La consejera llegó a reconocer que la deuda de las familias era de 91 millones, por lo que parece que la diferencia hasta los 6 que ahora van a devolver es muy grande», sostiene el presidente de la plataforma. A pesar de ello, y antes de tomar ninguna decisión, prefieren aguardar hasta tener más información, por lo que esperarán al mes de julio. A partir de ahí se abrirá un plazo de seis meses para presentar reclamaciones, entre las que se pueden incluir cambios en las condiciones económicas de los usuarios de las residencias una vez que ya estaban viviendo allí.
Críticas de Podemos
Más crítica ha sido Rosa Espiño, diputada regional de Podemos, que ha cargado contra el anuncio del Principado. «El Parlamento aprobó una ley y el Gobierno no debe seguir provocando perjuicios con el retraso de su aplicación», asegura. En su opinión, el anuncio de la consejera solo ha servido para «traer más confusión y dilatar aún más el tiempo para resolver unas reclamaciones no debidas». Espiño afirma que no tiene sentido elaborar un decreto «que recoge lo que ya viene explícito en el contenido de una Ley que es de aplicación desde el 15 de noviembre de 2016».
Además de lamentar la ralentización del proceso, desde Podemos también critican que «a estas alturas, la consejera todavía no sea capaz de saber adónde fue a parar el dinero de la dependencia de aquellos años» y que en cada comparecencia «reduzca la cifra de afectados». Al igual que la plataforma, Espiño también considera que la cifra de seis millones «a priori», parece una cantidad «insuficiente». En primer lugar, por «la falta de transparencia», ya que «no ha trasladado a los grupos la auditoría que dice haber llevado a cabo». Por otro lado, recuerda las propias manifestaciones de la consejera en las que hablaba de «cifras muy superiores». Por último, por la propia información que les han hecho llegar algunos afectados acerca de las certificaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la aportación de la Administración General del Estado, «que en algunos casos rondan los 25.000 euros por persona».