Los diputados asturianos no salen caros

Un estudio precisa que la Junta General del Principado es uno de los parlamentos autonómicos con el presupuesto más ajustado. El año pasado costó 13,4 millones de euros


Redacción

Los 17 parlamentos autonómicos costaron 336 millones a los contribuyentes en 2016, el más caro fue el catalán (51,9 millones) seguido por el Parlamento andaluz (39,9) y el vasco (33,1), según un estudio de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC). Entre las partidas de gasto la más cuantiosa es la que hace referencia a gastos de personal que asciende, en conjunto, a 187 millones de euros, más de la mitad del total. El estudio evidencia «notables diferencias» en el coste de los parlamentarios autonómicos, y destaca por su cuantía el de los diputados catalanes. La Junta General del Principado está entre los más económicos. Mantener la Cámara asturiana costó el año pasado 13,4 millones de euros, de los que casi nueve millones (8,9) se justificaron como gastos de personal. Por detrás, aparecen otras regiones uniprovinciales como Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra y también otra multiprovincial como Castilla-La Mancha.

El informe de la plataforma Convivencia Cívica Catalana, que recaba los datos presupuestarios de los distintos parlamentos en 2016, precisa el coste medio de un parlamentario catalán asciende a 188.000 euros al año, muy por encima de los 103.090 euros anuales que supone un parlamentario del Congreso de los Diputados y los 87.170 euros año de un senador. En este sentido, el estudio resalta que el nivel de gastos de un parlamentario de la Cámara catalana cuesta casi lo mismo que la suma de un parlamentario del Congreso y otro del Senado. De hecho, el estudio llama la atención sobre el hecho de que este parlamento autonómico salga más caro a los contribuyentes que una estatal, «cuyo ámbito de gestión y responsabilidad es evidentemente más amplio».

Otro de los aspectos más polémicos en el coste de los parlamentos autonómicos en España es el de las subvenciones a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos que la integran y que están sujetas a la discrecionalidad de cada parlamento. Aquí, también destaca el Parlamento de Cataluña por sus elevadas aportaciones: la cámara catalana paga a los grupos políticos 117.320 euros por cada parlamentario, casi el triple que el resto de parlamentos autonómicos (46.950).

El informe considera necesario introducir «racionalidad, transparencia y control» en el coste de las cámaras autonómicas. La plataforma propone tres medidas: limitar la cuantía, fiscalizarlas de tal forma que se asegure que van destinadas al desarrollo de la actividad parlamentaria y no a otros fines y, por último, establecer una normativa reguladora de alcance nacional que unifique criterios y permita su examen contable por el Tribunal de Cuentas.

 

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