El grupo pregunta por la situación del contrato con el propietario de los terrenos del cercado de Proaza y que expiró en 2011
21 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La historia es conocida, Paca y Tola, dos pequeñas osas asturianas, se quedaron huérfanas por la acción de un cazador furtivo en 1989. La escena, propia de una secuencia de Disney destinada a empañar la memoria de la infancia, continúa con un periplo por recintos de Llanes, Cataluña y Cuenca, hasta terminar en el recinto actual de Proaza. El terreno, gestionado por la Fundación Oso, se ha convertido en un relevante centro de atracción de turistas, y con el paso de los años ha ido aumentando el número de sus vecinos plantígrados. A Paca y Tola se fueron uniendo primero Furaco, el macho cántabro destinado a intentar prolongar la progenie (con resultados infructuosos) de las asturianas; y luego llegó Molina, en 2013, también con una historia trágica. El esbardo había caído en una zona escarpada y cuando fue rescatada padecía varias lesiones y desnutrición. Fue un caso que conmovió al público pero espantó a los defensores de intentar reintroducir a la osa en su natural entorno salvaje, algo que al final, debió desecharse.
Los cuatro osos componen, si no una familia feliz según los cánones humanos, al menos una de las más queridas por el público. Pero ¿hasta cuándo? El grupo parlamentario de Foro Asturias ha expresado por lo que pueda suceder con los terrenos del cercado en el momento en que su propietario, que es un particular, se decidas a reclamarlos. La instalación se construyó sobre un terreno cedido mediante un contrato que expiró en el año 2011 y según el exdiputado forista, Juan Ramón Campo «había una única condición y era de devolverlo sin nada encima», tal y como se lo encontraron. Pero sobre ese terreno se ha edificado una importante inversión.
¿De cuánto? Pues según la respuesta de la Consejería de Desarrollo Rural a la pregunta parlamentaria planteada por Foro, una cifra total de 517.310,51 euros. Es el monto completo de las inversiones realizadas en esos terrenos hasta el presente, la respuesta detalla que al menos desde diciembre de 2013 no se han realizado nuevas inversiones. Respecto a la situación jurídica de la propiedad del terreno, la Consejería señala que se trata de un «contrato de cesión finalizado el 31 de marzo de 2011» y también indica que no se remunera de ningún modo al particular propietario de la parcela.
Para Campo esta respuesta es «una acto irresponsable» y expresó su preocupación por lo que pudiera suceder si el propietario se decidiera de pronto a reclamar el terreno con un contrato «que está expirado» ya que, a su juicio, tendría que demolerse todo lo que construido. «Nadie hace inversiones sobre un terreno en los que no se tiene la seguridad jurídica de que los vaya a tener en el futuro, es una malversación de fondos públicos porque si lo hay que devolver los tendrán que pagar los españolitos». Es el temor a que un día el casero de Paca y Tola llame a la puerta.