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Las brigadas de investigación de incendios, en pie de guerra

Los guardas del medio natural niegan las recriminaciones de algunos compañeros de las Bripas, quienes les acusan de moverse por intereses personales


Redacción

La Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (Agumnpa) ha respondido a las acusaciones de varios compañeros de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Bripas) en las que les acusan de querer desligar al Sepa de la investigación de los incendios «cuyas competencias le corresponden por ley». La asociación señala que su única exigencia desde su creación ha sido «el cumplimiento estricto de la ley por parte de los responsables de Bomberos (ahora Sepa) respecto a la condición de agentes de la autoridad y policía judicial genérica de los guardas del medio natural destinados en las Bripas». Afirma que así lo recoge el estatuto jurídico, y cuya condición está ratificada por un informe de los servicios jurídicos del Principado de Asturias, el cual aseguran «ha sido ignorado sistemáticamente por la gerencia de bomberos y el responsable de dichas Bripas».

Agumpa sostiene que de la vigente ley de Enjuiciamiento Criminal emana la condición de policía judicial genérica de los agentes del medio natural y su competencia para investigar delitos en materia medioambiental «como serían los incendios intencionados tipificados en el código penal, competencia que no tiene, en ningún caso, el personal laboral del Sepa».

Otra de las afirmaciones que ha levantado ampollas en la organización ha sido la que les acusa de moverse por intereses personales ajenos al buen funcionamiento de los equipos. Agumnpa asegura que su posición ha sido siempre la de defender el buen trabajo desarrollado todos estos años «en los que el 90% de las sentencias condenatorias en Asturias se han apoyado exclusivamente en el trabajo de los agentes del medio natural de las Bripas», así como denunciar las injerencias y presiones que se reciben desde el Sepa «tratando de condicionar estas investigaciones y privándoles de una uniformidad que por norma les corresponde que permita su fácil identificación por parte de la ciudadanía».

Para este colectivo, el modelo de equipos mixtos podría seguir funcionando si los responsables de bomberos hubieran respetado la condición de los agentes del medio rural, «algo que no ha sucedido, por lo que a día de hoy reclamamos el establecimiento de equipos de investigación formados exclusivamente por agentes ajenos al Sepa, donde nunca estos funcionarios, y a los hechos nos remitimos, han sido respetados ni respaldados». Aseguran que el apoyo de la Fiscalía de Medioambiente y el reconocimiento a nivel autonómico y nacional del rigor de sus investigaciones han sido sus únicas satisfacciones laborales en estos 15 años.

En cuanto a la supuesta exclusión de los bomberos en las investigaciones de posibles delitos en materia de incendios forestales que estos compañeros de las Bripas denuncian, Agumnpa asegura que no se trata de una cuestión opinable y que es la ley la que determina quién debe realizar estas tareas, de manera que no existe margen de interpretación.

Apelación al Principado

Es por toda esta controversia que la organización a exigido al Consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que respalde de forma pública, al igual que hizo en diciembre de 2015, el trabajo de los agentes del medio natural de las Bripas. Además, le exigen que se garantice las condiciones adecuadas de autonomía para su actividad profesional y que impida cualquier presión que pudiera ejercerse sobre los mismos en el ejercicio de sus competencias «en una materia tan sensible y de tanta trascendencia como es la investigación de incendios forestales».

Otra de sus peticiones es que no se lleven a cabo la supresión de las ocho plazas de agentes del medio natural-investigador de incendios forestales de las Bripas o se modifiquen para permitir el acceso a las mismas a personal ajeno a este colectivo. Afirma que de no ser así, «nuestra asociación promoverá las actuaciones oportunas para asegurar los derechos que en su actividad profesional asisten a estos funcionarios».

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