La cabecera de la manifestación de la concertada, con Carlos Robla y José María Alvira, por la izquierda

«Los padres deben decidir con la matrícula qué centros siguen abiertos y cuáles no»

El secretario general de Escuelas Católicas defiende que sea la ley de la oferta y la demanda la que planifique la red educativa


Oviedo

«Deben ser las familias las que deciden qué centros se cierran y qué centros siguen, en función del lugar en el que matriculan a sus hijos». Esta es la premisa que defiende la patronal concertada Escuelas Católicas, cuyo secretario general, José María Alvira, ha participado en la manifestación de Oviedo. Alvira señala que hay que aprovechar la caída demográfica para rebajar las ratios de alumnos por aula y para incrementar la calidad de la enseñanza. Ese es un paso previo al cierre de unidades. También defiende que el derecho de los padres prima, así que la Administración no puede planificar sin tenerlos en cuenta y que, en todo caso, deberían prescindir de aquellos colegios o institutos con una matrícula más baja. 

Alvira reconoce que el caso de Asturias, con la decisión del Gobierno del Principado de compensar la sangría poblacional con el cierre de unidades, no es único. La concertada también ve mermada su presencia en Valencia, Aragón o Extremadura. Pero, en realidad, precisa que las políticas educativas «afectan a todos los españoles, a la sociedad entera». Cree que la libertad de elección de centro es un derecho al mismo nivel que la libertad sindical o política. «No vamos contra nadie. No tenemos nada en contra de la pública pero defendemos lo que nos toca», argumenta.

Queda por ver, entonces, qué papel otorga la concertada a las Administraciones educativas, para qué cree que sirven. El secretario general de Escuelas Católicas señala que deben de asegurar que los centros, sea cual sea su titularidad -pública o concertada-, disponen de todos los medios, que la libertad de elección de centro sea real y la igualdad y la no discriminación se convierta en real y no en algo teórico. Eso es algo que pide tanto en Asturias como en el resto de las autonomías. No quiere entrar en el menudeo de cifras, de si es necesaria una unidad más aquí o allá. Su debate está en los criterios que deben seguir los Gobiernos. 

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