El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, insiste en que el control de los fondos era de competencia estatal
14 jun 2017 . Actualizado a las 13:12 h.El Gobierno asturiano ha asegurado hoy no haber recibido ningún requerimiento sobre la causa abierta por el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico de Felechosa y ha mostrado su «total disposición» a colaborar con la justicia.
El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha pedido que se deje trabajar a la justicia y que estas tareas se realicen «de la manera más ágil posible» aunque ha considerado que «no parece lógico» que un gobierno comente «cada paso judicial». No obstante, ha reiterado que el convenio para la construcción de la residencia La Minería con fondos mineros fue suscrito entre la administración central y el Montepío, que se encargó de la ejecución de las obras, y que, por tanto, al Principado no le correspondía el control y seguimiento del desarrollo del proyecto.
Pese a esta circunstancia, Martínez ha insistido en que el Gobierno asturiano defiende que la justicia sea «lo contundente que tenga que ser» y está dispuesto a colaborar en lo que les pidan los tribunales al margen de la digitalización que la administración regional ya ha realizado del sumario de la causa.
En relación con este asunto, el juzgado número 3 de Oviedo que instruye la causa, y que el pasado viernes levantó el secreto de las actuaciones, ha notificado hoy a las doce partes personadas que hoy y mañana podrán recoger ya la causa íntegra una vez digitalizados los dos mil folios de que consta la instrucción.
Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el Montepío simuló contar con los requisitos necesarios para obtener la subvención pública de 31 millones con la que construyó la residencia y aprecia indicios de que «se falsearon y ocultaron datos esenciales» para hacerse con dichos fondos públicos.
En la construcción del geriátrico se centran las sospechas del cobro de mordidas por parte de los investigados, entre ellos el ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo, que figuran entre los dieciséis investigados por el juzgado número 3 de Oviedo.
Anticorrupción advierte además de que el Montepío eligió y contrató a la constructora antes de la aprobación de la subvención y que las obras comenzaron en mayo de 2009 cuando el Ayuntamiento de Aller no concedió la licencia hasta septiembre de 2010.
Asimismo, apunta, el Gobierno central tuvo primero que modificar la normativa, mediante real decreto de julio de 2009 para que una entidad privada pudiera recibir las subvenciones de los fondos mineros, «a pesar de las recomendaciones en contra del Abogado del Estado y de la Secretaria Técnica del Ministerio de Industria».
El Consejo de Ministros no autorizó hasta el 30 de octubre de 2009 la firma del convenio, que finalmente fue suscrito el 22 de diciembre de 2009 sin que el Montepío contara con todas las autorizaciones necesarias, puesto que la licencia de obras fue emitida por el Ayuntamiento nueve meses después.