La trama del Montepío deja un reguero de prebendas y contratos hinchados desde 2003

Susana D. Machargo REDACCIÓN

ASTURIAS

Página de la revista del Moontepío con imágenes del apartahotel de Roquetas de Mar.Página de la revista del Moontepío con imágenes del apartahotel de Roquetas de Mar
Página de la revista del Moontepío con imágenes del apartahotel de Roquetas de Mar

Sindicalistas como Juan Francisco Cañete comenzaron a denunciar tratos de favor e irregularidades desde hace tres lustros. La operación urbanística de Roquetas y Murcia hizo saltar todas las alertas

19 jun 2017 . Actualizado a las 14:11 h.

El informe de la UCO sobre la operación Hulla suscribe en un documento judicial muchas de las denuncias que históricos sindicalistas comenzaron a realizar hace ya tres lustros. Entonces parecían piezas sueltas sin más conexión que el escaso control existente en el entorno del Montepío de la Minería, una institución creada con unos fines sociales que comenzaba a poner sus ojos golosos sobre el ladrillo. Hoy, en manos de la Fiscalía Anticorrupción, ha aflorado como una auténtica trama que no dejaba cabos sueltos y que supuso el enriquecimiento tanto de dirigentes como de los satélites que flotaban a su alrededor. Los titulares que el exdirigente de Comisiones Obreras (CCOO) y hoy afiliado a CSI, Juan Francisco Cañete, dejó ya en el año 2003 obran en las hemerotecas. Cañete habló de «pelotazos» y de «especulaciones» y no dijo todo lo que había oído porque no tenían pruebas para sostenerlo. Pero en una reunión monográfica forzada en el seno de la Federación Minera de CCOO ya se expusieron tratos de favor e irregularidades que hicieron saltar todas las alarmas. Esos maletines de comisiones que ahora los agentes de la UCO apuntan ya eran motivo de comentarios en el seno del sindicato. El ladrillo desató la ambición pero el problema, enquistado, venía de atrás con otro tipo de comportamientos que dirigentes como Cañete denominan «corrupción de baja intensidad», desde enchufar a «hijos de» a disfrutar de vacaciones gratis.

El 2003 parece una fecha clave en toda esta investigación. La querella de la Fiscalía Anticorrupción parte de la construcción del geriátrico de Felechosa, entre el 2009 y 2012, pero desciende a través de un hilo de prebendas, contratos hinchados y obras a 15 años antes. La actual dirección del Montepío de la Minería, que está colaborando con la investigación, también ha puesto los ojos en esa época. Quieren dar un golpe de timón y abrir una nueva etapa, totalmente renovada y transparente. Fuentes consultadas por La Voz han reconocido que aún están revisando algunos hechos sospechosos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué hizo saltar todas las alarmas?

La operación de Roquetas

La respuesta parece ser la operación urbanística de Almería y Murcia. En ese año 2003, la mutualidad ya contaba con el balneario de Ledesma y con el complejo residencial de Los Alcázares (Murcia). Con la excusa de la escasa ocupación de Los Alcázares, la entidad vendió parte de los apartamentos que poseía y con ese dinero compró en Roquetas de Mar (Almería), el apartahotel que aún gestiona. El resumen de aquello, a grandes rasgos, es que malvendió lo primero a un precio por debajo de mercado y adquirió el segundo por encima de las tarifas que se estaban pagando en la zona. El empresario en ambos casos fue el mismo y, además, ese visionario revendió las propiedades de Murcia poco después por más del doble de lo que había pagado. Para terminar de rizar el rizo, era un familiar del entonces presidente. Cañete recuerda perfectamente aquel año y cómo pasó por sus manos toda la documentación, con los números exactos.

El 28 de febrero de 2003, el Montepío vendió 61 apartamentos de los casi 300 que tenía en propiedad en Los Alcázares a Mitra XXI. Valoró cada uno de ellos en 54.000 euros, muy por debajo de lo que se estaba pagando en el mercado, donde alcanzaban los 100.000 euros. En la misma notaría en la que se rubricó esa operación se cerró, a continuación, la compra de los 140 apartamentos del apartahotel de Roquetas de Mar (Almería) a la empresa Forlac. Estos, en cambio, los adquirió por 70.000 euros cada uno. Cañete indica que, en este caso, estaban por encima de lo que el mercado marcaba. Dos datos más ayudan a redondear la operación. El primero es que las dos empresas, Mitra XXI y Forlaca, eran de Sergio Díaz Sariego. El segundo es que parte de esos pisos que se quedó por solo 54.000 euros los colocó muy poco después por 100.000 euros, casi doble.

Rumores y juicios

Un grupo de mutualistas emprendió ese mismo año una batalla judicial, al considerar que la operación no había sido legal. El juzgado de instrucción número 4 de Oviedo desestimó sus argumentos. Pero hubo un segundo capítulo judicial relacionado casi una década después. En 2012, el entonces fiscal de Delitos Económicos del Principado, Íñigo Gorostiza, acusó a Sergio Díaz Sariego de evadir en aquel fructífero año 2003 más de 600.000 euros. Le pedía dos años y medio y una multa por la cantidad evadida. Un recurso final ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) le libró de entrar en prisión.       

Algunos querían pensar que había sido un negocio ruinoso, Cañete entendió que aquello era parte de algo más gordo. Lo entendió así porque para entonces los rumores eran ensordecedores. Todo el mundo conocía a los enchufados, a los que hacían las obras, a los que se hacían cargo de contratos. «Es verdad que el Montepío no era una institución pública y que podía hacer lo que querían pero era muy descarado. Ni siquiera cuando decidieron empezar a sacar a concurso los contratos cumplieron con los criterios que ellos mismos se marcaron. Siguieron haciendo lo que les dio la gana», explica. Más polémico fue cuando se descubrió que había sindicalistas que iban gratis de vacaciones a los complejos residenciales. De memoria recuerda dos casos, el máximo dirigente de la Federación Minera de CCOO y hoy alcalde de Morcín, Maximino García, en los años 2001 y 2004, y el que fuera vicepresidente de la entidad, Arsenio Díaz, durante cuatro veranos, entre el 2001 y el 2004. Maximino García reintegró aquellas cantidades después de dar unas explicaciones vagas, cuando en su propio sindicato le pidieron explicaciones, precisa Cañete. Asegura que no fueron los únicos.

Con todo este alud de datos, Cañete -que entonces estaba dentro del sector crítico de CCOO- forzó la convocatoria de una reunión monográfica para tratar dentro lo que estaba pasando en el Montepío. Aquella reunión tuvo lugar el 12 de junio de 2003, apenas cuatro meses después de la operación de Roquetas y justo quince días antes de que se celebrase la asamblea anual del Montepío. Su intención era destapar qué estaba pasando para adoptar una postura en el cónclave de la mutualidad. Recuerda con claridad cómo en aquella sesión interna «afloró el pelotazo», cómo vieron la documentación del caso, cómo abordaron otro tipo de prácticas quizá legales pero de ética dudosa. «Me consta, y digo que me consta porque me consta, que era habitual que dirigentes de los sindicatos se fuesen de vacaciones sin pagar. No es algo achacable a ningún sindicato. Es algo atribuible a las personas que actúan de una manera concreta», señala. De aquella reunión no salió una respuesta contundente.

Cómo funcionaba

Cañete, que disgustado con toda esta opacidad y con los entramados que generó canceló su afiliación a la mutualidad minera, señala que las decisiones no las adoptada la junta directiva ni la asamblea de mutualistas. La gestión se llevaba, en realidad, desde la estructura del Soma y de CCOO. «En Comisiones se debatía algo más, aunque en realidad, con todos los temas que había, se consideraba una maría. Pero en el Soma era lo que Villa dijese», argumenta. Era de general conocimiento. De hecho, señala que hubo otros que también lo denunciaron en su momento. Recuerda, por ejemplo, a Salvador Fernández, que desde su cargo de vicepresidente trató de denunciar y corregir prebendas y «fue purgado». En su caso, Cañete se enfrentó a miradas reprobadoras de compañeros que temían que ensuciase el nombre de la mutualidad y todo lo bueno que había hecho.

No era su intención. Piensa que si entonces se hubiese atacado de frente hoy no hubiera hecho falta una operación Hulla. Él, hace tres lustros, no vio maletines. Pero ese soniquete ya existía y ha escuchado a otros contarlo después. Los agentes de la UCO, que no le han llamado para declarar, lo confirman. Es consciente de que hay muchos que saben más que él y que pueden incluso tener documentación. En su caso, pasó por sus menos pero nunca se la quedó. Contempla desde la retaguardia unas imágenes de exdirectivos mutualistas, sus familiares y satélites saliendo de los juzgados que le producen mucha tristeza pero ninguna sorpresa.