UGT, SUATEA y ANPE reconocen el valor de los profesores mayores pero reclaman la contratación real de personal
19 jun 2017 . Actualizado a las 18:33 h.Los sindicatos UGT, SUATEA y ANPE han mostrado su rechazo a la iniciativa de la Consejería de Educación de contar el próximo curso con la colaboración voluntaria de docentes jubilados en tareas propias de la administración de los centros educativos o de los Centros de Profesorado y Recursos (CPR). Según la consejería, se trata de una medida «a coste cero» de la que ya existe precedente en otras comunidades autónomas como Aragón y, pese a no a haber marco jurídico que lo regule, ya hay muchos profesores que están colaborando con los centros no como docentes sino en actividades puntuales y complementarias.
UGT rechaza totalmente la iniciativa que quiere imponer el Principado y, sin negar la experiencia de los docentes colaboracionistas, critica su intención de seguir contando con este personal a «coste cero». El sindicato, que aún no conoce el número de profesionales que podrían participar de esta medida, afirma que «cualquier tarea que se realice podría ser desempeñada por otro trabajador al que sí habría que pagar». Además, a la espera de la resolución que regule esta colaboración, UGT denuncia la falta de diálogo con las organizaciones sindicales, cuando es una medida que afecta a las condiciones laborales. Todo ello, dicen, «después de haber perpetrado los recortes más brutales en Educación jamás conocidos».
Para SUATEA, es positivo que la administración considere un valor la experiencia, el talento y el potencial de los docentes pero pide que también se tenga en cuenta para los interinos «que llevan muchos años desempeñando estas funciones y aprovechar su experiencia». A su juicio, la única manera de entender esta propuesta es que la alternativa que da la consejería a la situación de los docentes «es la nula inversión en personal y pretender a coste cero que la cosa mejore con la colaboración desinteresada de los excompañeros».
Por su parte, ANPE ha considerado que la propuesta puede ser «bienintencionada», pero supone utilizar mano de obra «barata» para realizar tareas «no lectivas» y no «agraviar» a quienes tienen que seguir dando clase con lo que los agraviados serían los conserjes o el personal de administración del Principado de los centros.