El Gobierno busca evitar que su demora desincentive la búsqueda de empleo entre los beneficiarios de esta prestación
20 feb 2020 . Actualizado a las 14:38 h.El Gobierno del Principado ha comenzado a poner en marcha medidas para agilizar la tramitación del salario social y evitar que su demora desincentive la búsqueda de empleo entre los beneficiarios de esta prestación, un proceso que comenzará con la aplicación de la denominada declaración responsable. Con dicha declaración las personas solicitantes del salario social afirman que cumplen todos los requisitos para acceder a la prestación con lo que el expediente se iniciará de inmediato, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora cuando la comprobación se hará a posteriori.
Según ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno la titular de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, esta medida acortará sustancialmente los plazos de tramitación y comenzará a aplicarse a partir del 2 de marzo, fecha en la que estarán disponibles los nuevos modelos de declaración responsable en todos los centros de servicios sociales municipales y para la ciudadanía en general. Se estima que esta medida tendrá un impacto directo en alrededor de las 2.500 personas que, de media, comunican altas y bajas en prestaciones por desempleo y contratos temporales al año, así como en las personas solicitantes que declaran no percibir ingreso alguno, ha indicado la portavoz del Ejecutivo.
Más plantilla
Además de esta iniciativa, a partir de mayo se fortalecerá el servicio de revisión con 17 empleados públicos más y se dará prioridad a aquellos relacionados con altas y bajas de contratos laborales o relacionados con la formación o el empleo. El objetivo, ha subrayado Álvarez, es evitar que el acceso al mercado laboral, sea transitorio o permanente, provoque demoras en la prestación además de impulsar la reincorporación de los beneficiarios de esta prestación al mercado laboral a través de medidas vinculadas a la economía verde y el cuidado de las personas. Según la consejera, agilizar la gestión es una «prioridad indiscutible» de su departamento y, pese a que los datos de 2019 muestran una tendencia a la baja en la demanda del salario social, el objetivo de su departamento es atender a todos los beneficiarios y «no dejar a nadie atrás».
Así, el pasado mes de diciembre la lista de espera se redujo en un 33 por ciento (de 1.327 solicitudes se pasó a 888) en un periodo en el que las nuevas peticiones se situaron en 57, frente a un promedio de 246 de los meses anteriores. Las perspectivas apuntan a que esa tendencia a la baja continúe durante este año en el que el presupuesto consigna un crédito inicial de 116.750.000 euros para atender a unas 22.000 familias después de que en 2019 la partida destinada a esta prestación fuera de 120,7 millones, casi cuatro millones menos que en 2018.
