El Constitucional y las tasas judiciales

Ignacio Bermúdez de Castro
Ignacio Bermúdez de Castro PASOS SIN HUELLAS

OPINIÓN

30 jul 2016 . Actualizado a las 10:11 h.

Como a Unamuno, «me duele España», motivo por el que hoy estoy un poco menos contrariado. Recordemos que en estos tiempos resulta imposible ser español y absolutamente feliz, a no ser que te hayas pasado el último año aislado en la más recóndita gruta de nuestro sistema montañoso y, por supuesto, desinformado. De no ser así, quien diga que es feliz es que España no le duele como al inmortal don Miguel y a quien esto escribe. Y mi contrariedad es menor porque el Tribunal Constitucional ha declarado nulas las tasas judiciales a personas jurídicas impuestas por Gallardón. Pido excusas por recordar a los lectores la persona de tan nefasto «ministro de Injusticia», pero me resultó imposible no citarlo. O quizás no supe hacerlo de otra forma. Tal vez hubiese sido suficiente referirme a él como el peor ministro de la historia de España, Manuel Godoy incluido.

Como recordarán, el exalcalde de Madrid nos tuvo crispados a todos los juristas con las dichosas tasas, pues también existieron las que se cobraban a las personas físicas, que retiró en su día, principalmente por motivos electorales, su sucesor, el hoy ministro en funciones Rafael Catalá.

Que en una república bananera se cobren tasas a los contribuyentes por acudir en busca de Justicia es nefasto, pero de repúblicas bananeras hablamos. Otra cosa muy distinta es que un país que en los artículos 1 y 14 de su Constitución recoge, respectivamente, que España se constituye en un Estado de derecho, y que todos los españoles somos iguales antes la ley, pretenda cobrar a sus contribuyentes. Evidentemente, solo a los a los que pueden costearse los litigios en busca de que un juez o tribunal les dé o quite la razón. Afortunadamente, el PSOE, que a veces también hace las cosas correctamente a pesar de quien actualmente ostenta su secretaría general, presentó el recurso ante el Constitucional y las tasas que quedaban, las que tenían que abonar las personas jurídicas, han sido declaradas nulas.

La Justicia, como la educación y la sanidad tienen que ser gratuitas. Lo contrario motivaría -de hecho motivó- tales agravios comparativos entre los españoles que en tiempos de Gallardón hubo ante la Justicia, y ello es de todos sabido, ciudadanos de primera y de segunda. Los que no tenían problemas económicos a la hora de pagar cantidades abusivas para presentar o contestar una demanda. Y los que, por falta de dinero, no podían presentarla o contestar a la contra ellos interpuesta. Y claro, si no demandas, nadie puede darte la razón; y si no contestas, te pueden considerar un pasota a quien no le va ni le viene lo dilucidado en el pleito en cuestión. El Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en sus sitio. Terror tenía a que así no fuera.