Después del último intento fallido de reformar la ley electoral asturiana, bloqueado por la negativa de la FSA que vio peligrar unos resultados basados en parte en un sistema electoral injusto, se han vuelto a iniciar los trámites de reforma. Una de las novedades más sonadas en esta ocasión es la propuesta de Podemos de limitar a ocho años los mandatos de los diputados asturianos. La medida no es nueva, se aplica en algunos países (el presidente de los EEUU sólo puede permanecer dos legislaturas en el cargo) y desde que estalló la crisis económica ha venido sonando en España como una de las posibles medidas de regeneración democrática destinadas a mejorar la calidad de nuestro sistema político y a combatir la desafección ciudadana.
Quienes defienden la limitación de mandatos suelen plantear la medida como algo obvio, como si no hubiese discusión posible al respeto y como si posicionarse en contra de ella fuese un síntoma de elitismo político o de querencia por el statu quo y por la profesionalización de los representantes públicos. Pero una medida de tanto calado merece un debate de ideas sosegado y en profundidad.
No cabe duda de que sería deseable que los cargos públicos no se perpetuasen en sus sillones. Una carrera demasiado larga en la política habitualmente provoca desconexión entre el representante y el representado. Pero limitar los mandatos por imperativo legal tiene algunas implicaciones que conviene no perder de vista.
Cualquier medida de regeneración democrática que se pretenda como tal debe cumplir al menos dos requisitos básicos. En primer lugar tiene que ser eficaz o de lo contrario sería papel mojado. Y en segundo lugar tiene que ampliar la democracia o, al menos, no restringirla. Limitar los mandatos es, al mismo tiempo, limitar el derecho de sufragio pasivo e, indirectamente, también el activo. Es decir, impide que un determinado número de personas (aquellas que hayan estado ocho años en un cargo público) se presenten a las elecciones. E impide por tanto que los ciudadanos puedan escoger como sus representantes a personas que hayan agotado ese periodo.
Limitar los mandatos por ley restringe por tanto la democracia. Y es que deberían ser los ciudadanos con su voto y no la legislación quienes impidieran que sus representantes se perpetuasen en el cargo. Hurtarles a los ciudadanos ese derecho no parece ensanchar la calidad democrática sino todo lo contrario. Debieran ser los propios partidos y la pedagogía ciudadana quienes limitasen los mandatos de hecho, no de derecho.
Otra de las propuestas que suenan en la Junta General del Principado de Asturias consiste en abrir las listas electorales. En este caso, a diferencia de la limitación de mandatos, se trata de una medida que ensancha la calidad democrática y empodera a los ciudadanos, que pueden escoger los nombres de sus representantes y no una lista previamente elaborada por los partidos. Pero la eficacia de la medida es, cuando menos, cuestionable.
Desde hace ya muchos años, las elecciones al Senado se celebran con listas abiertas. Y es dudoso que eso haya mejorado la calidad democrática de ese tipo de comicios en relación a las elecciones al Congreso, donde las listas son cerradas y bloqueadas. Pero además este método de elección tiene algunos inconvenientes que es necesario valorar. En primer lugar dificulta el acto de votar y aunque para muchos de nosotros nos resulte sencillo poner tres cruces en una papeleta, son muchos los ciudadanos a los que les cuesta entender el proceso. Los datos hablan por si mismos: en las últimas elecciones generales los votos nulos al Congreso, con listas cerradas, supusieron un 0,93% de los votos emitidos, concretamente 225.888 votos. En esos mismos comicios, los votos nulos al Senado fueron un 2,54%, es decir, 603.536 votos. Podría entenderse que la propia realidad del Senado y su escasa utilidad pública pueden alimentar un cierto voto nulo de protesta. Pero la diferencia es tan grande con respecto a las elecciones al Congreso que parece lógico atribuir al menos una parte de ella al mecanismo de voto y a las dificultades que tienen algunos ciudadanos para entenderlo.
Las listas abiertas pretenden adelgazar el poder que ahora tienen los partidos de elaborar sus listas electorales tanto en lo nominal como en lo ordinal. Y en principio eso podría ser buena cosa. Pero uno de los peligros de este sistema de votación reside en la capacidad de los candidatos con más recursos de imponerse a quienes menos recursos tienen. Estos riesgos, no obstante, pueden combatirse con algunas medidas adicionales. Pero algunas de esas medidas son tan democráticas como impopulares, como la financiación pública de las candidaturas. Conviene poner en la balanza los pros y contras de cada propuesta de regeneración democrática.
Si finalmente salen adelante, la limitación de mandatos y las listas abiertas serán una realidad en el sistema electoral asturiano. Pero las recetas mágicas de regeneración política no existen y habitualmente el presunto beneficio de las medidas se ve mermado por efectos colaterales indeseados que afectan a la calidad democrática. El problema es que estas propuestas suenan bien a la ciudadanía pero rara vez quienes las formulan hacen pedagogía sobre los inconvenientes que pueden traer consigo. Es el peligro de hacer política a favor de la corriente.
Si el debate sobre la reforma electoral en Asturies se centra en la limitación de mandatos o en las listas abiertas y tales medidas bloquean el acuerdo, es probable que estemos ante una nueva oportunidad perdida. Y es que el gran problema del sistema electoral en Asturies es su mejorable proporcionalidad. El debate debería por tanto centrarse en la necesidad de implantar la circunscripción única. Y aunque, a pesar de la creencia popular, es el tamaño de la circunscripción y no la fórmula electoral el elemento que más afecta a la proporcionalidad en la traducción de votos a escaños, no estaría de más cambiar el sistema d’Hont por el método Hare o de cociente electoral simple, mucho más sencillo de entender para el elector y cuyos efectos, combinados con la circunscripción única, serían más proporcionales y menos ventajosos para los partidos con más votos. Todas las demás propuestas que no vayan encaminadas a aumentar la proporcionalidad serán bienvenidas, siempre que sus pros superen a sus contras, pero no pueden condicionar una reforma electoral que hace ya mucho tiempo que viene siendo necesaria.