Hace cinco años pasaron tres grandes cosas en España: ETA dejó de matar, Rajoy ganó con mayoría absoluta y los toros fueron prohibidos en Cataluña. Cinco años después, ETA, en efecto, no volvió a matar, pero ayer el Congreso de los Diputados no pudo aprobar una resolución conmemorativa porque al partido Bildu no le gustó ninguno de los textos que le presentaron y la inmensa mayoría parlamentaria se tuvo que tragar el documento. El Partido Popular sigue siendo el partido más votado y el que gobernará dentro de unos días en plenitud de funciones, pero con tres millones de votos menos y con la necesidad de que le apoyen para seguir en el poder. Y la prohibición del espectáculo taurino en Cataluña tropezó con el Tribunal Constitucional. De esto último, por novedoso, quiero hablar.
Me cuentan que Errejón comentó ayer en los pasillos del Congreso: «Hay una ventanilla de Cataluña en el Tribunal Constitucional que funciona de maravilla». El líder de Podemos se ha quedado corto: no es que haya una ventanilla, es que todo el tribunal funciona para resolver los recursos que el Gobierno presenta contra decisiones del Gobierno o del Parlamento catalán, y no cuento lo que le queda por discutir y sentenciar, que es cada uno de lo pasos que Puigdemont, Junqueras y la CUP den hacia la tierra prometida de la desconexión. Lo de los toros es lo más espectacular a efectos de opinión pública, porque suprimir ese espectáculo ha sido presentado a las bases independentistas como el primer paso simbólico para ir echando de Cataluña todo lo que tiene sabor netamente español o sirve para la identificación con España.
De acuerdo con eso, el Gobierno catalán se arremangó como si le hubieran quitado las competencias en idioma y educación y se plantó: «Los toros nunca volverán a Cataluña, diga lo que diga el Tribunal Constitucional». ¿Y cómo lo piensan impedir? Pues de dos formas. Una, que Artur Mas llamaría astuta y sigue la receta de Napoleón: «Vosotros haced las leyes y dejadme a mí los reglamentos». Como el reglamento sí es potestad autonómica e incluso municipal, vayan contando los taurinos con una regulación tan dura y estricta del espectáculo que dejará de ser interesante para los criadores de toros y el propietario de la Monumental de Barcelona. Y otra, presionar y amenazar a ese propietario, que es el grupo Balmañá. Según Joaquín Luna, en La Vanguardia, ya lo empezaron a hacer. Si esto es verdad, solo puedo decir una cosa, aunque duela: entre un Gobierno que intimida a la empresa privada por razones de imposición política y una dictadura, no veo gran diferencia. Y yo soy como la abuela de Fraga, que un día fue a los toros y dijo: «Esas no son formas de tratar al ganado».