En menos de siete días ha sufrido el Gobierno en el Congreso dos derrotas sucesivas: primero rechazó la Cámara convalidar un decreto ley del ejecutivo, un hecho insólito que no se producía desde 1979; tan solo cinco días después aprobó la oposición dos proposiciones de ley, una destinada a reformar y otra a derogar la llamada ley mordaza.
Aunque el significado de ambas derrotas es muy diferente -mientras la segunda resultaba de antemano previsible, la primera constituye una irresponsabilidad sin paliativos-, las dos tienen también algo en común muy trascendental, pues muestran con toda claridad que el Gobierno carece hoy del apoyo parlamentario indispensable para llevar a cabo la función que tiene asignada por la Constitución: dirigir la política interior y exterior del Estado.
Las cosas son así y nada indica que vayan a cambiar si el PSOE sigue encerrado en la dinámica infernal en que Sánchez lo ha metido -competir por ver quién es más duro con Rajoy- y Ciudadanos no decide de una vez si aspira a crecer electoralmente a costa del PSOE o del PP.
Aunque no cabe duda de que esta situación de bloqueo es muy perjudicial para los intereses del país, no seré yo quien dude del derecho que tiene la oposición a pasarse tales intereses por el arco del triunfo, a pensar solo en sus objetivos de partido y a actuar con esa frivolidad que inexorablemente podría conducir a España a celebrar elecciones a la vuelta del verano.
Lo que, sin embargo, ni es legítimo ni honesto, sino prueba de una inconmensurable cara dura, es tirar la piedra y esconder la mano o, mejor aun, acusar al apedreado de cubrirse para evitar ser descalabrado. Y eso y no otra cosa es lo que hacen los partidos de la oposición cada vez que, tras dejar al Gobierno en minoría, lo acusan de chantaje y juego sucio cuando aquel aclara, como es su obligación, que de continuar la ingobernabilidad solo cabrá recurrir a la disolución anticipada de las cámaras y la convocatoria de elecciones.
No, ni juego sucio ni chantaje. En los sistemas parlamentarios, el bloqueo de la acción de gobierno por el Parlamento solo puede solventarse llamando al cuerpo electoral para que sea él quien lo resuelva. Mal está que los partidos de la oposición jueguen con fuego, sabiendo que es muy probable que unas nuevas elecciones no cambiarán la correlación de fuerzas en el Congreso de una forma tan sustancial como para asegurar la gobernabilidad. Pero pretender que el Gobierno en minoría aguante, derrota tras derrota, viendo cómo la situación del país se deteriora a paso de gigante, constituye mucho más que una insensata pretensión: supone concebir la acción pública como un juego en el que los ciudadanos somos solo los peones de brega de unos políticos profesionales que confunden sus ambiciones personales con los intereses generales.