Twitter, Facebook... las redes sociales suponen la mayor democratización en la divulgación de ideas y opiniones desde la imprenta. No es de extrañar que desde el poder político y económico se pretenda controlar esa difusión como se ha hecho históricamente con la publicación en papel de ideas que disgustaban a las élites. Por eso, por su poder de difusión, no podemos minusvalorar el contenido de opiniones vertidas en las redes sociales con un «sólo es un post de Facebook» o «sólo es un tuit». De hecho podemos ver campañas que piden que se permitan en redes sociales determinados contenidos o que se prohíban o bloqueen determinadas páginas. Cuando estamos de acuerdo con alguna de esas campañas estamos demostrando que lo que se puede escribir o no en redes sociales sí tiene relevancia.
La cuestión es cuál es esa relevancia y hasta dónde llega la responsabilidad de quien escribe. ¿Estamos de acuerdo que un «te voy a matar» escrito en un tuit es una amenaza tan perseguible penalmente como decirlo a la cara? ¿Y «eres un ladrón y un asesino»? ¿Y «eres un gilipollas»? ¿Y un chiste ya sea gracioso o no, de buen o mal gusto?
En el caso de Cassandra Vera, estudiante de 21 años condenada por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo a un año de prisión y siete de inhabilitación por trece tuits enviados cuando tenía entre 17 y 20 años en los que bromeaba sobre el asesinato de Carrero Blanco, no se puede argumentar que lo que se dice en redes sociales sea irrelevante. El alcance potencial de Facebook o Twitter es de centenares de millones de personas así que sí es relevante. Pero más allá de la relevancia está la libertad de expresión y sus límites. Y todavía más allá la valoración del contenido de unos chistes que tenían como sujeto a una de las figuras públicas más relevantes del franquismo. Reinhard Heydrich fue asesinado, Mussolini y Ceaucescu ejecutados... ¿Alguien se imagina que en Alemania, Italia o Rumanía se condenase a un tuitero por hacer chistes sobre la muerte de alguno de ellos? Que la mano que los haya eliminado haya sido un comando, un guerrillero, un pelotón de soldados o ETA debería ser indiferente. Se ve que en España no lo es.
La Justicia no debería estar para proteger la memoria de quienes han participado en la opresión dictatorial de su propio pueblo. Carrero Blanco no era Francisco Tomás y Valiente, Ernest Lluch, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco o tantos y tantos políticos, militares, policías, guardias civiles o ciudadanos que han sido víctimas de ETA. Carrero Blanco era la mano derecha de un dictador que trajo sufrimiento a centenares de miles de familias españolas, que no se nos olvide. Porque sólo faltaba que los demócratas, al final, además de amnistiar en la Transición a las figuras del franquismo acabemos amnistiando y blindando también la memoria de lo que hicieron.