Antes fue el Estado, después la Constitución

OPINIÓN

31 may 2017 . Actualizado a las 07:25 h.

Al no haber nadie que se atreva a afirmar que España es un Estado nacional, y que la unidad del Estado es un concepto existencial -como afirma la filosofía política alemana- que ningún acto de voluntad puede relativizar, los Gobiernos españoles han remitido la cuestión catalana y la defensa de una única soberanía a la Constitución, como si esta fuese más esencial que el Estado que la genera y de cuya realidad es expresión normativa. Por eso los independentistas actúan con absoluta lógica cuando relativizan la ilegalidad del procés, por entender que una palabra del legislador puede convertir la Constitución en basura y liquidar de un plumazo la historia del país.

Es cierto que los Estados son construcciones históricas, en cuya formación intervienen expresiones de voluntad, procesos culturales, actos de fuerza y definiciones normativas. Pero eso no significa que el Estado sea contingente, y que su Constitución sea la última ratio del hecho político. Y por eso el Gobierno debería sentar dos principios: que el Estado no es liquidable por un acuerdo normativo de una generación; y que no puede existir una Constitución que tenga capacidad para disolver su Estado y sustituirlo por una pura abstracción jurídica.

La conclusión es que Cataluña solo puede separarse por un acto de fuerza que se imponga a los actos dictados ­­­-en defensa del Estado- por el poder legítimo. Toda secesión es un tour de force, y el hecho de edulcorarla con distingos jurídicos solo sirve para hacerla más tóxica y peligrosa. Así pues, abandonemos los bilateralismos y las soluciones tramposas que «al final no van a prosperar». Porque solo en la asunción de un hecho histórico evidente descansa la paz interior de cualquier Estado.