La Junta de Andalucía acaba de adoptar una medida de una escandalosa demagogia electoral, vergüenza para un Ejecutivo de izquierdas que, sin embargo, saca pecho como si hubiese tomado el acuerdo de gobierno más progresista del planeta.
¿De qué se trata? Es fácil: desde el próximo año académico los universitarios andaluces estudiarán prácticamente gratis a partir de segundo curso siempre que en el anterior hayan aprobado todas las asignaturas. Salvo los becarios, los alumnos pagarán la matrícula de primero y, después, al resto se les aplicarán bonificaciones de hasta el 99 % del coste, en función de las asignaturas aprobadas.
Como medida electoralista, la cosa, claro, es formidable. Miles de jóvenes, que es el sector donde el PSOE ha perdido votantes en mayores porcentajes, se beneficiarán de una medida de gratuidad parcial o total sin tener en cuenta para nada el nivel de renta de sus familias, lo que a muchos de ellos y a sus padres les parecerá de maravilla y quizás les induzca a repensar su voto. Y así, todos contentos.
Lo cual -salvo que España fuera Jauja, que no lo es, según todo el mundo sabe- no significa, claro está, que tal sistema sea progresista. Y ello porque el joven que apruebe todo y que, sin disfrutar de beca, sea hijo de una persona de renta baja tendrá el mismo tratamiento a la hora de pagar su matrícula universitaria que el que, con notas coincidentes, proceda de una familia con una renta diez, veinte o treinta veces superior. Es más, el joven de familia de renta baja que, por esa razón, combine estudio y trabajo, y obtenga por ello peores notas, será castigado respecto del que, por no tener que trabajar, puede dedicarse exclusivamente a sus estudios. Un puro disparate.
Disparate que es mucho mayor si se tiene en cuenta que el grado de dificultad de las distintas carreras universitarias no es en absoluto comparable. Aunque no pondré ejemplos, para no herir la susceptibilidad de mis colegas, la existencia de esas diferencias la conoce todo el mundo. Pues bien, a partir de ahora, en Andalucía, los que estudien carreras difíciles -en las que el nivel de aprobados es más bajo- serán castigados económicamente respecto de los que se apunten a estudios que presenten mayor facilidad. ¡Vive la différence!
El disparate de la Junta tiene, en fin, otra dimensión que no puede dejar de señalarse. Su demagogia a favor de la gratuidad supondrá un agravio respecto de lo que sucede en las restantes universidades españolas, donde los estudiantes no becados deben pagar sus matrículas. Y pondrá además de uñas, con toda la razón, a los contribuyentes de las comunidades donde los precios de la matrícula son más altos (Madrid, Cataluña, Valencia o Baleares), precisamente las que más contribuyen a la solidaridad territorial, frente a las comunidades donde el coste de las matrículas, con Andalucía a la cabeza, es ya mucho más bajo. A eso se le llama hacer demagogia con pólvora del rey.