«Si el resultado es sí, proclamaremos la República Catalana». De esta forma, con dos narices, se pronunció ayer uno de los presentadores de la ley del referendo catalán. Es decir, que los separatistas van lanzados. Al abismo, pero lanzados. No encuentran inconvenientes formales, ni legales, ni de ningún otro tipo. No encuentran inconvenientes formales, porque, aunque vote el 30 por ciento del censo y el sí sea del 16 por ciento, proclamarán la independencia. Tampoco los encuentran legales, porque, si la legislación española no contempla el derecho de autodeterminación ni nada que se le parezca, que nadie se preocupe: hay tratados internacionales que lo contemplan para casos de colonialismo, y a eso se acogen los aguerridos soberanistas. ¡Cataluña es una colonia oprimida por un Estado opresor, como ya dijo Guardiola! No los tienen de ningún otro tipo, por ejemplo carecer de censo, porque el censo lo harán ellos como primer acto de soberanía. Y finalmente, si les falla todo, están preparados para movilizaciones, que se entere el gobierno central.
Naturalmente, esa ley, muy trabajada y muy pomposamente presentada, es una ley inútil por carecer de la mínima legalidad, que será recurrida ante el Tribunal Constitucional y quedará sin efecto. Es una sublevación contra el Estado de Derecho y la Constitución, porque proclama a Cataluña como sujeto soberano. Es una fantasmada, porque plantea horizontes que no tienen cabida en una sociedad regida por el principio de legalidad. Es una estafa a los ciudadanos, porque se basa en falacias como la legalidad internacional. Y es, en definitiva, un acto de soberbia, auténticamente autoritario, porque trata de imponer el criterio de unos cuantos al conjunto de una sociedad agitada por la demagogia, por memoriales de agravios mendaces y por la falsa promesa de construir la nación de la felicidad.
Y un último detalle por hoy: los presentadores de la ley subversiva aseguraron que se «velará por la imparcialidad de los medios públicos». Mal momento para creer esa garantía, justo después de que se amenazara a los medios privados con retirarles ayudas y publicidad institucional si no publicitaban el referendo. Y mal momento para hablar de imparcialidad, justo al día siguiente de que un miembro del gobierno catalán fue fulminado por decir lo que piensa: que el referendo será como el del 9 de noviembre de 2014. Si a ese conseller, persona de confianza, se le cesa por dudar, imagínense ustedes lo que harán con quienes estén en contra de la consulta: los quemarán en la hoguera, porque los separatistas no están en una operación política. Están en el dogma. Y a quien discute el dogma se le manda a Torquemada a hacerle un auto de fe.