Arcelor es la que más expedientes sancionadores tiene abiertos, pero la acompañan Saint Gobain, Chemastur o Alvargonzález, entre otras
28 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las medidas contra la contaminación en Avilés, y en Asturias en general, cuentan con una doble vertiente: por un lado la actuación preventiva, con controles, endurecimiento de los permisos y exigencias a las empresas a fin de que contaminen menos y, por otro, la sancionadora, aquella a la que se acude cuando ocurre algo que no está permitido y se deriva de que los controles anteriores fallaron. La sancionadora se inicia con la apertura de un expediente, a fin de determinar qué ha pasado y quién es el responsable de ello. El mejor ejemplo es el escape de trióxido de azufre ocurrido hace un mes en Avilés y en cuyo expediente aún están trabajando los técnicos de la consejería de Medio Ambiente, a partir de la información proporcionada por ArcelorMittal, de cuyas Baterías de Coque salió la nube tóxica que causó malestar, irritaciones y dificultades para respirar a varios viandantes del centro de la ciudad. La multinacional siderúrgica es la que más expedientes sancionadores acumula por incumplir los compromisos medioambientales, pero no es la única. Hay otras siete firmas que la acompañan en esta lista negra.
En los últimos dos años desde Medio Ambiente se han abierto 19 expedientes sancionadores, de los que nueve pertenecen a ArcelorMittal. El resto a otras empresas con fuerte presencia en la comarca avilesina como son Saint Gobain, que tiene otros tres, o Chemastur. No son sólo las industrias quienes protagonizan episodios contaminantes, sino que hay otras empresas ligadas al puerto que también se las han tenido que ver con la autoridad medioambiental. Es el caso de los armadores Alvargonzález y las consignatarias Marítima del Principado y Borge Marítima. Ésta última tiene aún abierto un expediente de septiembre del año pasado por incumplir las condiciones de la autorización APCA (Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera ), pero no se ha resuelto aún, así que ha sido sancionada aún. Las mayoristas Servicios Integrales Angilvi y García Munté Energía son las otras dos empresas que han sido multadas por el Principado, aunque en el caso de la última aún tiene pendiente de resolver el segundo de los expedientes abiertos por incumplir las condiciones de la autorización APCA. De hecho tanto éste como el de Borge Marítima se fecharon en el mismo día, el 30 de septiembre, el mismo día en que a ArcelorMittal se le abrieron otros dos expedientes por sendos vertidos. Sus expedientes tampoco han sido resueltos, así como otros tres pendientes de la siderúrgica y otro de Saint Gobain.
Hasta un año para resolver un expediente
Es la tónica habitual en estos casos, que tengan que pasar varios meses desde que se produce un suceso contaminante hasta que se aclara lo sucedido y se determina cuánto ha de pagar el responsable a modo de sanción. Siete, ocho, nueve meses es la media de tiempo que hay que esperar, pero ha habido casos en que se ha prolongado hasta un año. Depende de la complejidad de lo ocurrido y de la información de la que se disponga. En función del daño causado también se establecen un tipo u otro de sanciones, aunque todas ellas son económicas. La mínima es de 20.000 euros y suele ser por incumplir la autorización APCA o por emitir a la atmósfera más partículas contaminantes de las permitidas. Marítima del Principado, Servicios Integrales Angilvi o Chemastur son las empresa que han pagado esta cantidad. En otros casos como García Munté Energía la pena ha llegado a los 50.000 euros y Saint Gobain ha pagado en dos años más de 100.000 euros por tres episodios. Misma cantidad ha abonado Alvargonzález por un único incumplimiento.
La empresa que se lleva el primer puesto en lo que a pagar sanciones se refiere es ArcelorMittal, algo normal teniendo en cuenta que acumula la mitad de los expedientes en materia medioambiental abiertos por el Principado. Sin embargo, en comparación ha pagado más, más del doble de lo que las otras empresas han abonado juntas. Con cargo a seis expedientes ha pagado 470.000 euros, habiendo tenido multas individuales de 60.000, 80.000, 90.000 y hasta 100.000 euros. Los motivos, los mismos que el resto de empresas incluidas en el listado de sancionadas por sucesos contaminantes. Al margen de estos expedientes, abiertos por la consejería de Medio Ambiente del Principado, la multinacional ha recibido otras multas. En abril el consejo de ministros acordaba imponerle el pago de un millón y medio de euros, la mayor sanción prevista por la legislación, por los daños causados por las aguas residuales de sus instalaciones en los concejos de Carreño, Corvera y Gozón, es decir, vertidos no controlados.
A pesar de lo abultado que puedan parecer estas cifras hay ciertas voces, como los colectivos ecologistas o determinados partidos políticos, que consideran que la política sancionadora no es efectiva. «Contaminar les sale barato», en función de lo que este tipo de multas significan para las grandes empresas y el daño que sus episodios contaminantes pueden haber causado.