La apertura de juicio oral a David Moreno abre las puertas al abandono del cargo del regidor. «Es de sobra conocido por todos cuál es la posición política y nuestro código ético», afirman los socialistas asturianos
30 mar 2017 . Actualizado a las 13:02 h.La FSA le abre las puertas al alcalde de Aller, David Moreno, para que abandone el cargo. La Federación Socialista Asturiana ha recordado este jueves al regidor, que será juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación, «que es de sobra conocido por todos cuál es la posición política de la FSA y la normativa del PSOE en la aplicación de su código ético». El referido código implica que que en caso de apertura de juicio oral, el PSOE requerirá al acusado que abandone temporalmente el cargo, como ocurrió con el exdiputado Francisco González o el exalcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar. .
Tras la decisión de un juzgado de Lena de abrir juicio oral al actual regidor de Aller, y a su antecesor en el cargo Gabriel Pérez Villalta, el PSOE de Asturias ha solicitado urgentemente a Moreno que les remita una copia del auto judicial, que a su vez lo reenviará a los servicios jurídicos de la Federación para que hagan una valoración.
La titular de la sala ha abierto juicio oral tras la querella presentada por el Ministerio Fiscal tras atender la denuncia del PP por lo que consideran «pagos irregulares» a la asociación encargada de las actividades en el polideportivo de Sotiello. Los hechos, según la Fiscalía, se remontan al año 1997. Desde entonces, y hasta 2011, Gabriel Pérez Villalta «dictó resoluciones mensualmente concediendo subvenciones a la asociación (Asociación para la Enseñanza y la Promoción del Deporte en Aller) a sabiendas del carácter injusto y arbitrario de esa concesión, pues no se cumplían ninguno de los requisitos legales para ello». El actual alcalde, desde 2011 hasta febrero de 2014, siguió utilizando la misma fórmula.
La concesión de las subvenciones recibió reparos de los servicios de secretaría e intervención, que fueron levantados por los regidores, «en patente, notoria e incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico», ha destacado el ministerio fiscal. Entre otras cuestiones, la Fiscalía también ha apuntado a «la falta de control» en la asignación de las ayudas.
«No se acreditaba por parte de la asociación, como beneficiaria, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos el no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y justificante de estar al corriente del pago de tributos», ha señalado el ministerio público.