El juez amplía hasta los 18 meses la instrucción de la querella contra el presidente de la federación de fútbol, ya investigado
20 oct 2016 . Actualizado a las 07:47 h.El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, podría seguir como investigado -antes imputado- durante otros doce meses, hasta que el magistrado del juzgado de instrucción número uno de Majadahonda, Marcos Ramón Porcar, decida qué hacer con un caso que, según publicó ayer el diario As, el propio juez definió como «de carácter complejo». Esa es la consecuencia inmediata de la declaración de Villar el pasado día 14 en el citado juzgado para responder por la querella interpuesta por Miguel Galán -una de las personas que ha anunciado su intención de presentarse a la elecciones de la federación- por el retraso en la convocatoria de los comicios electorales.
Villar tuvo que dar explicaciones por un delito de presunta prevaricación administrativa al retrasar de forma deliberada las elecciones, que debían celebrarse en el primer cuatrimestre del 2016. Ese día, reconoció que pese a que el abogado de la federación le indicó que en el reglamento de las elecciones había determinados aspectos que chocaban directamente con la legislación que lo regulaba, siguió adelante con el proceso buscando el aval de la comisión delegada y de la asamblea general. Una declaración que ha jugado en su contra, puesto que reconocía que el reglamento electoral que presentó al CSD se adecuaba a las normas FIFA, pero no a la Orden Ministerial, por lo que, al fin y al cabo, reconocía haber cometido una ilegalidad.
El declarar el «carácter complejo» del caso implica el examen de abundante documentación, «por tener que revisar actuaciones de personas jurídicas públicas o privadas». De esta forma se amplía hasta los 18 meses el tiempo para la instrucción del caso, y no los seis desde que Miguel Galán puso la querella, un plazo que estaba a punto de expirar. Así, Villar podría seguir como imputado un año más hasta que el juez decida. También fue citado para declarar el 10 de noviembre el asesor jurídico de la federación, Kepa Larumbe.
Villar se enfrenta a un delito que puede llegar a ser castigado con penas de inhabilitación para empleo o cargo público por un período de siete a diez años.