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Los principales sectores estratégicos en España se encaminan hacia el oligopolio

Las concentraciones en telecomunicaciones, banca o energía penalizan al consumidor vía precios


madrid / la voz

El goteo de sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -el año pasado se batió el récord, con un importe global de 549 millones de euros- no cesa, y dibuja en España un escenario en el que en algunos sectores estratégicos -financiero, telecomunicaciones, energía o carburantes- caminan a pasos agigantados hacia el oligopolio o ya tienen un pie en él. Los procesos de concentración del negocio, que se aceleraron durante la crisis y que aún continúan, han dejado el mercado en manos de un cada vez más reducido número de empresas, con los consumidores como grandes damnificados, ya que a menor competencia menor posibilidad de elegir y mayores precios, incluso por servicios de peor calidad.

Por ello el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ya anunció a principios de año que entre los sectores a los que el regulador prestaría una atención especial durante este ejercicio estaban los mercados de las telecomunicaciones, la televisión de pago y, por supuesto, la banca, todas ellas áreas caracterizadas por una creciente concentración.

Las telecomunicaciones han visto revertirse en los dos últimos años el proceso de liberalización desencadenado tras el auge de la telefonía móvil y que, como recuerdan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), facilitó las alternativas, dinamizó la competencia y provocó una importante reducción de precios.

Los tres jinetes de la telefonía

«Que tras esa explosión se haya producido un proceso de concentración puede ser lógico, ya que no todos los operadores encuentran un nicho de mercado suficiente y las fusiones o absorciones son alternativas razonables», admiten desde este colectivo de consumidores, si bien matizan que «la concentración de los dos últimos años ha impactado en los usuarios, al reducirse la oferta y desaparecer o pasar a ser sus compañías filiales de otros grupos más importantes». El mercado ha quedado, de nuevo, en manos de las tres primeras operadoras que salieron al mercado, como recuerda el portavoz de Facua, Rubén Sánchez: «Movistar, Vodafone (antes Airtel) y Orange (antes Amena) han absorbido de repente la poca competencia que había en el mercado».

Tanto OCU como Facua consideran «una mala noticia para los consumidores» la ola de adquisiciones: Vodafone compró Ono, Orange hizo lo propio con Jazztel y Pepephone está ahora en manos de Masmóvil, a lo que se suman otros movimientos como la compra de la cablera gallega R por Euskaltel o la compra de Telecable por el fondo británico Zegona. «Los consumidores ya han comenzado a notar las consecuencias en forma de subida de tarifas», subrayan. Sirva de ejemplo que en los tres primeros meses de este año, según el comparador Kelisto.es, el precio medio de los paquetes de telefonía e Internet ya había subido 32 euros al año para los más de 8,7 millones de hogares que tenían contrato con las tres grandes operadoras. Desde entonces la situación ha empeorado, al calor de la falta de competidores en el mercado.

Cinco grandes eléctricas

Otro ejemplo de oligopolio es el caso del sector eléctrico, donde los principales actores se cuentan, literalmente, con los dedos de una mano. Cinco son las grandes compañías, aunque las tres principales (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) controlan el 90 % del mercado, tal y como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) alertaba en un informe del 2012. De hecho, las eléctricas son de las empresas que más sanciones reciben por parte de la CNMC -en su mayoría por abuso de posición de dominio en el mercado y manipular precios-. España es el país de Europa con la electricidad más cara, según los datos de Eurostat, que computan costes, impuestos e IVA y, como apuntan las organizaciones de consumidores, la irrupción de pequeñas comercializadoras aún es muy incipiente y los usuarios, aún por desconocimiento, son bastante reacios a cambiar de empresa.

«Un modelo con pocos y muy grandes proveedores deriva siempre en mercados con estructura de oligopolio, y ese tipo de mercados no es el marco más deseable desde el punto de vista social y del consumidor». Así advertía el mes pasado el presidente de Ibercaja, Amado Franco, del escenario hacia el que avanza el sector financiero español, abocado a una nueva ronda de fusiones que podría reducir aún más las 15 entidades que quedan desde las 45 de hace siete años. De hecho, los cinco grandes bancos controlan ya más del 60 % del mercado.

Servicios públicos privatizados para unos pocos y freno al casi monopolio en las gasolineras

La concentración en manos de un puñado de grandes firmas se repite también en otros negocios, desde la adjudicación de obras y prestaciones públicas hasta las gasolineras.

Un caso paradigmático que se ve en Galicia es el de los servicios municipales privatizados en los ayuntamientos, que incluyen limpieza, alumbrado, mantenimientos varios, jardines y algunas prestaciones sociales, como ayuda a domicilio. En Galicia tres grandes firmas del Ibex -ACS, FCC y Ferrovial- copan las principales concesiones públicas a través de filiales como Urbaser, Clece o Cespa, y se reparten un bocado de 150 millones de euros anuales.

Precisamente una de las mayores sanciones impuestas el pasado año por Competencia fue para 39 empresas y tres asociaciones que formaban lo que se bautizó como el cartel de la basura, entre las que se encontraban las ya citadas. La CNMC las multó con 98,2 millones de euros: ACS a la cabeza, con 23,3 millones, seguida de los casi 17 de FCC y otros 13,6 Ferrovial. Competencia consideró probado que entre 2010 y 2013 se repartieron clientes y licitaciones.

Sanciones a las petroleras

Tampoco el mercado de los carburantes escapa a la definición de oligopolio, un modelo al que ha caminado desde que en 1993 se liberalizara el sector, hasta entonces en manos de Campsa en régimen de oligopolio. Hoy tres grandes empresas (Repsol, Cepsa y BP) tienen una clara posición de dominio, ya que suministran a más del 80 % de las estaciones de servicio del país, lo que ha dificultado la entrada de otras compañías.

De hecho, Industria impide a Repsol abrir más gasolineras en 31 provincias (incluyendo las cuatro gallegas) durante este año porque supera la cuota del 30 % del mercado, límite con el que se quiere evitar un abuso de posición dominante. En cualquier caso, las petroleras tampoco escapan de las sanciones de Competencia, que el pasado año multó con 32 millones a cinco grandes (Repsol, Cepsa, Disa. Galp y Meroil) por pactar precios.

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