Varapalo judicial del Supremo a los 55 despedidos de la Fábrica de Armas

JUAN M. ARRIBAS REDACCIÓN

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El Alto Tribunal rechaza en un auto analizar las cuentas de Santa Bárbara que avalaban que las pérdidas eran de solo 11.000 euros

21 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo ha dictado un auto que perjudica los intereses de los 55 trabajadores despedidos de la fábrica de armas de Trubia. El Alto Tribunal ha dictado un auto en el que rechaza analizar las cuentas de Santa Bárbara Sistemas de 2012, según publica el diario La Voz del Trubia. La decisión es crucial, porque esa contabilidad constataba que cuando se presentó el ERE las pérdidas de la empresa eran de 11.000 euros, una cantidad muy inferior a la que justificó los despidos.

La decisión del Supremo sostiene que la defensa de los empleados debía haber solicitado que se estudiasen las cuentas con anterioridad al proceso. El Supremo matiza que se hizo sin embargo cuando ya había sentencia y el caso se encuentra en estos momentos en casación. El tribunal argumenta que ahora solo se podría aportar nueva documentación en el caso de que se tratara de sentencias firmes que sentaran jurisprudencia y fueran relevantes para el caso. Afirma, además, que el informe de auditoría de las cuentas fue depositado en el registro mercantil con anterioridad a la celebración del juicio, por lo que podía haberse aportado durante el mismo.

Los trabajadores, según La Voz de Trubia, han criticado con dureza el auto del Supremo y han considerado «sorprendente» la decisión judicial de no admitir la documentación, tal como habían pedido CCOO, UGT y el comité de empresa de la fábrica de La Coruña.

“Las mismas son que las cuentas que demuestran que la empresa perdió 11.000 euros en lugar de los 69 millones con los que plantearon el ERE. Dichas cuentas fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Santa Bárbara el día 13 de febrero de 2013, un día antes de comunicar a los sindicatos el inicio de los trámites del ERE. Dichas cuentas fueron registradas y por tanto disponibles cinco semanas después del juicio de la Audiencia Nacional, tal y como certificó el Registro Mercantil de Madrid”, señalan los trabajadores al diario.