Aprueba el anunciado real decreto ley y se enfrenta a 9 días de paros en los puertos
25 feb 2017 . Actualizado a las 01:21 h.El Gobierno paró ayer el cronómetro de esa semana de plazo que había dado a patronal y sindicatos para llegar a un acuerdo y aprobó en el Consejo de Ministros el real decreto ley que liberaliza la estiba, «el único sector económico en el que no existe libertad de contratación en este país», dijo ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. La actuación de Fomento mereció el calificativo de «abusivo» y «autoritario» por parte del colectivo de estibadores, que se reafirmaron en su propósito de paralizar los puertos con una huelga de nueve días alternos a partir del 6 de marzo, lo que extenderá la protesta durante tres semanas.
De la Serna justificó su negativa a retrasar más la aprobación del decreto -como reclamaban los sindicatos con su convocatoria de paros- en la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia ya dictada a finales del 2104 y a otra «inminente» que puede gravar las arcas españolas a razón de 134.000 euros al día «hasta que se reforme el sistema». Y tras más de de dos años negociando -uno al completo sin capacidad ejecutiva porque el Gobierno estaba en funciones-, es hora de poner fin a ese castigo indefinido.
Ceñido a la sentencia
El ministro de Fomento aseguró que el texto aprobado «se ciñe única y exclusivamente al cumplimiento de la sentencia» del Tribunal de Justicia de la UE. Así, se ha incluido -dice- todo lo que demandaban los sindicatos, salvo aquellas cuestiones que la Comisión Europea puso como líneas rojas. Es el caso del registro de estibadores -al que el colectivo ya ha renunciado-, y las cuestiones relativas a la formación, que se retirarán de manos de la parte social tras reconocer la profesionalidad a quienes acumulen más de cien jornadas de trabajo; es decir, que «la totalidad de los que están ahora -un total de 6.150- cumplirán los requisitos aún cuando no tengan acreditada la formación».
Con la aprobación del decreto, De la Serna pasa la pelota a los agentes sociales y la negociación colectiva. El texto da un año de plazo «para adaptar los convenios» y es, además, en ese foro en el que puede acordarse una fórmula de subrogación que no tiene encaje en un real decreto.
Ahora, al Congreso
De la Serna ha sacado adelante el decreto con una huelga convocada por la parte social y con el abierto malestar de buena parte de la patronal. Además no dispone todavía del fundamental apoyo de los partidos políticos, que deben respaldar en el Congreso la norma que facilita la liberalización del sector portuario. Esa validación es la exigencia que pone la Comisión Europea para inhibirse de pedir la ejecución de la sentencia de los 137.000 euros diarios. Muchos le recuerdan que, según los cálculos de la patronal, un día de huelga en los puertos cuesta 50 millones de euros, con lo que casi saldría a cuenta pagar la multa y evitar una conflictividad que se anuncia segura en los muelles.
Los sindicatos aseguran que su apuesta solo conduce a «la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes», apuntan los representantes de La Coordinadora, el principal sindicato de la estiba. La entidad acusa al ministro de buscar solo «el bienestar de la patronal» y le reprocha que ayer haya citado a la patronal y no a los trabajadores a una reunión en el ministerio. Fomento y sindicatos se lanzarán ahora a buscar apoyos para su causa entre los grupos políticos en el Congreso. Se sabe de qué lado caerán los del PP y los de Podemos. Menos claro está dónde se colocarán PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas. El ministerio no tiene de momento asegurada una mayoría suficiente.
De sociedades anónimas a ETT especializadadas en tres años
El texto que viene a acabar con el monopolio de la estiba en España es lo que, según el Gobierno, exige Bruselas para cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que establece que las empresas no pueden estar obligadas a participar en el capital de las sociedades de estiba ni tienen por qué contratar a sus trabajadores. Mientras el Ejecutivo dice que se atiene a lo que exige la Comisión, los sindicatos creen que esta se extralimita en sus funciones y va más allá de lo que dice la Justicia comunitaria. Estos son los principales cambios.
Centros de empleo
De Sagep a ETT. El decreto prevé la creación de Centros Portuarios de Empleo, que el mismo ministro dijo que «vienen a ser unas ETT (empresas de trabajo temporal) especializadas en las zonas portuarias en las que se establecen los estibadores». Los trabajadores podrán pasar a formar parte del mismo, pero no pueden tener un tratamiento jurídico diferenciado de otra ETT. Y, por supuesto, no pueden ser centros a los que tengan que acudir de forma obligatoria las empresas, tal y como dictaminó el TJUE. transición
Extinción de las Sagep en tres años. España demandaba un período transitorio de siete años, que después rebajó a cuatro. Pero Bruselas solo admite tres, según De la Serna. Ese es el plazo que se da para que desaparezcan las Sagep (Sociedades Anómicas de Gestión de Empleo Portuario), en las están obligadas a participar con capital las empresas estibadoras que, además, deben contratar a trabajadores de esas entidades. Las empresas estibadoras accionistas podrán separarse de la Sagep en los seis primeros meses del período transitorio. Las que permanezcan, podrán extinguirse o continuar su actividad, coexistiendo en régimen de libre concurrencia con los centros portuarios de empleo y ETT.
Subrogación
Indemnizaciones a cargo del Estado. Según Fomento, se facilita la subrogación, pues establece un sistema de compensaciones a través del que las autoridades portuarias se harán cargo de los derechos pasivos de los trabajadores. Eso será un «estímulo para la contratación de estos trabajadores», pues las empresas se verán en igualdad de condiciones que otras que llegarán al mercado. Para despedir al 25 % en el primer año, al 50 % en el segundo y al 75 % en el tercero, el Estado habría consignado 300 millones de euros. Claro que está por ver si la UE no dictamina que distorsionan la competencia.
Convenio colectivo
Un año de plazo. El decreto da doce meses de plazo para adaptar los convenios colectivos, donde se podrán incluir cuestiones que no tienen encaje en el decreto.
De la Serna advierte de que la huelga podría entregar tráficos a puertos de otros países
No es que vaya a haber problemas en los puertos. Es que ya los está habiendo, según aseguró ayer el ministro de Fomento. Nada nuevo por otra parte, dado que llevan tiempo denunciándolo tanto el propio De la Serna como la patronal de la estiba, Anesco, que ya el martes pasado citaba casos como los puertos de Valencia, Alicante y Cádiz, en los que la productividad había caído un 23 %. No fueron los únicos. También los transportistas se quejaban de asambleas de trabajadores que provocaban retrasos en las terminales valencianas.
Pero todo es susceptible de empeorar. «Una huelga de estas características produce un daño importante a la economía y tiene efectos colaterales», advirtió De la Serna, puesto que las empresas toman «decisiones de transporte de mercancías que pueden ser temporales, pero pueden convertirse en definitivas». Alude a que ya ha habido compañías que están desviando tráficos a puertos de otros países. Lisboa y Marsella son los más beneficiados. Y el temor es que puedan quedárselos para siempre.
Servicios mínimos
Fomento ya avisó de que tiene un plan para evitar el desabastecimiento. Consiste en establecer unos servicios mínimos del cien por cien para garantizar el tráfico de productos perecederos, mercancías peligrosas y transportes a las islas. Así es que no habrá problema, «siempre que se cumplan», dijo el ministro.
El departamento abordará asimismo planes de contingencia para cada uno de los puertos en función de su actividad y con las empresas que utilizan sus instalaciones para que adecúen los traslados de la carga para evitar colapsar las entradas y salidas portuarias.