Plantar patata en los 31 concellos afectados se sancionará con multas de 300 a 3.000 euros
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El real decreto aprobado este viernes por el Gobierno persigue que la polilla no se extienda más allá del norte de A Coruña y de Lugo
04 mar 2017 . Actualizado a las 17:49 h.El Consejo de Ministros aprobó este viernes el real decreto por el que se establece el programa nacional de control y erradicación de la polilla guatemalteca (Tecia solanivora). El objetivo es impedir que la zona infestada se extienda más allá de los 31 concellos del norte de A Coruña y Lugo y de los siete del Occidente asturiano donde se han detectado tubérculos contaminados. Para ello se prohíbe el cultivo durante un mínimo de dos años, se obliga a retirar el plantado y se establecen sanciones a quien no respete el veto, que pueden ir de 300 a 3.000 euros.
La letra pequeña del real decreto se conocerá cuando se publique previsiblemente este sábado en el BOE, y entrará en vigor el domingo. Y será entonces cuando corresponderá a las comunidades (la Xunta y el Principado) el desarrollo normativo y su ejecución, delimitando las zonas infestadas donde se prohíbe cultivar y sacar patata; las zonas limítrofes tampón, que tendrán unas normas específicas para la circulación de vegetales; estipular cómo se procederá a retirar las plantaciones existentes en los 31 concellos infestados, si es que se hace; cómo y quién destruirá las patatas; cómo se cuantificarán las indemnizaciones y a quién, y cómo se pagarán. Queda pues un complejo trabajo por delante, dada la cantidad de actores implicados, la amplitud del territorio afectado y la dificultad para contener la polilla.
El Gobierno no ocultó ayer el calibre del problema al referirse a la plaga como «una de las de mayor importancia económica en el cultivo de la patata». De ahí un programa que contempla inspecciones y controles sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de la polilla guatemalteca, tanto en almacenes como en plantaciones, y controles en los lugares de venta en las zonas de riesgo, que serán definidas en el marco del Comité Fitosanitario Nacional. La Xunta, en sus medidas transitorias publicadas días atrás, ya delegó en los concellos vigilar la venta de patatas en los mercados locales.
El programa tendrá una vigencia inicial de cinco años, prorrogables. Pero la prohibición de cultivar patata será previsiblemente de menos tiempo; en el borrador del real decreto se hablaba de un mínimo de dos años. Una zona infestada se considerará erradicada cuando, bajo inspección oficial, no se detecte presencia de la plaga en un mínimo de dos años consecutivos.
Para velar por el cumplimiento de las normas se establecen sanciones, reguladas en la ley de sanidad vegetal. Según esta, se considera infracción leve, penada con multas de 300 a 3.000 euros, «el ejercicio de actividades de producción, comercialización o de servicios» en las zonas declaradas con plaga. Para las infracciones muy graves, la multa puede llegar a tres millones.
El real decreto también contempla la obligación de establecer indemnizaciones, en cuya financiación podrá colaborar el Ministerio de Agricultura sufragando hasta el 50 %. Hasta ahora la Xunta ha puesto apenas 2.000 euros desde el año 2015 para pagar a los afectados.
El Parlamento gallego pide a la Xunta por unanimidad que se cree una comisión para seguir la plaga
El Parlamento gallego alcanzó el jueves un acuerdo unánime para instar a la Xunta a la creación de una comisión técnica de seguimiento de la plaga de la patata, así como de análisis de las medidas de control.
Según el pacto, surgido de sendas iniciativas de En Marea y PSdeG -en las que se incluyeron aportaciones del PP- y apoyadas por el BNG, la comisión estará formada por representantes de la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el Laboratorio Fitopatolóxico de Galicia y la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia.
La comisión deberá informar por escrito al Parlamento de su actividad, así como a las organizaciones agrarias, acerca de las medidas de control, medios materiales y humanos empleados.
El acuerdo se completa con la realización de un informe que se deberá remitir a los grupos parlamentarios sobre las medidas de prevención que ha llevado a cabo la Xunta desde el 2015.
Críticas a Medio Rural
La directora xeral de Agricultura, Belén do Campo, mostró su disposición a crear tal comisión y también a dar cuenta periódicamente de la evolución de la lucha contra la plaga.
Pero los grupos de la oposición coincidieron en criticar la gestión de la Xunta durante esta crisis de la patata, y ayer, la portavoz del BNG, Ana Pontón, pidió incluso la dimisión de Do Campo por ese motivo.