La Fiscalía pide 12 años de prisión para tres empresarios asturianos que se inventaron facturas y sociedades
29 mar 2017 . Actualizado a las 16:56 h.La Fiscalía solicita la condena de dos empresarios acusados de defraudar a la Agencia Tributaria más de 570.000 euros. La sociedad fue constituida por escritura pública en 2006, teniendo durante los años 2010 y 2011 su domicilio social en Madrid y Avilés, siendo su objeto social la promoción inmobiliaria, aunque realmente se dedicaba a la albañilería y pequeños trabajos de construcción.
Si bien fue creada en 2006, la misma permaneció inactiva hasta marzo de 2010, momento en el que se convirtió en la sucesora de otra sociedad, en concurso de acreedores, al transmitirle su actividad empresarial por un valor de 6.000 euros, asumiendo así los derechos y obligaciones de los contratos que tenía en vigor.
En 2010 fue nombrado administrador de la sociedad uno de los acusados, quien suscribió el 100% del capital social de la sociedad, transmitiendo luego ese capital a una tercera sociedad, de la cual también era administrador. Fue nombrado apoderado de la misma, durante el periodo comprendido entre el día 22 de julio de 2010 y el 10 de octubre de 2011, un segundo acusado.
El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados presentaron ante la Agencia Tributaria en los años 2010 y 2011 las siguientes declaraciones de IVA: En el año 2010 presentaron una declaración con una cuota resultante a ingresar de 90.513 euros, cuando en realidad la cuota debía ser de 277.759 euros, ascendiendo la cuantía dejada de ingresar a 187.245 euros.
En el año 2011 presentaron una declaración con una cuota resultante a ingresar de 41.146 euros, cuando en realidad la cuota debía ser de 426.037 euros, ascendiendo la cuantía dejada de ingresar a 384.890 euros.
Para justificar los datos crearon toda una serie de sociedades que proporcionaban toda una serie de facturas con unas cuotas de IVA soportado formalmente deducibles pero sin que las mismas operaciones se hubieran realizado, puesto que se trataba de sociedades carentes de infraestructura empresarial y, por lo tanto, de actividad.
La Fiscalía solicita que se condene a cada uno de los tres acusados a: por el primer delito, dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 187.245 euros (con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no pagadas, con un importe de cada cuota de 1.000 euros) y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 4 años.
Por el segundo delito, dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 384.890 euros (con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no pagadas, con un importe de cada cuota de 1.000 euros) y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante el periodo de cuatro años.
Además, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen además a la Agencia Tributaria con 572.136 euros, más los intereses legales.