La cotización por ingresos queda fuera de una reforma que se retrasará seis meses
29 mar 2017 . Actualizado a las 16:48 h.Iba a ser una ley de medidas urgentes para la mejora de las condiciones de trabajo de los autónomos, que llevan más de 10 años esperando una reforma. Pero el documento que estaba llamado a ser la primera gran novedad legislativa de este Gobierno (fruto de su pacto con Ciudadanos) no llegará al BOE hasta principios de junio. Y lo más preocupante es que su contenido, lleno de buenas expectativas para este colectivo profesional de más de 3,2 millones de personas en España (casi 216.000 en Galicia), amenaza con desinflarse en la fase de enmiendas en la que entrará el mes que viene.
Para empezar, la gran demanda de los trabajadores, que es cotizar en función de los ingresos, ha quedado fuera del documento, para ser discutida en la mesa del Pacto de Toledo. «Se ha decidido así porque es un tema que está vinculado directamente a las pensiones. Para nosotros es fundamental. La cotización en función de los ingresos permitiría garantizar la sostenibilidad del régimen», asegura Eduardo Abad, secretario general de Upta (Unión Profesional de Trabajadores Autónomos).
El caso es que el 5 de abril el proyecto de ley de medidas urgentes entrará en la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados sin hablar de cotizaciones (incluida la petición de exención si los ingresos no llegan al salario mínimo) y con algunas otras grandes demandas en el alambre.
Así por ejemplo, el PP ya ha adelantado su rechazo a rebajar entre un 3 y un 5 % los recargos por impago a la Administración. Su límite se queda en el 10 % en el primer mes y en mantener el 20 % actual a partir del segundo.
Pero no todo son malas noticias. En lo que sí parece que va a haber consenso es en medidas que, de tanto publicitar, da la impresión de que ya están en vigor, aunque para ello falten al menos tres meses más.
Tarifas y bonificaciones
La más conocida consiste en ampliar a doce meses la bonificación de la cuota a la Seguridad Social pagando solo 50 euros. Actualmente está en vigor para los seis primeros meses de actividad.
Nadie la cuestiona, a pesar de que está aún por demostrar si la denominada tarifa plana sirve para consolidar negocios o solo para sacar temporalmente del paro a un determinado número de personas. Sirva como muestra el balance del 2016 en Galicia, un año en el que se dieron de alta como autónomas 34.204 personas, pero 35.813 causaron baja. Según datos aportados por Trabajo, este incentivo para emprendedores ha costado a las arcas de la Seguridad Social 1.456 millones de euros desde febrero del 2013 hasta el mes de octubre del 2016, y ha sacado a más de 300.000 trabajadores de la economía sumergida.
Otra de las medidas urgentes que no suscita debate es la destinada a mejorar la situación de las madres autónomas. El proyecto de ley contempla una ampliación del permiso para las madres emprendedoras, eliminando el pago de la cuota de autónomos durante la baja por maternidad, o durante la gestación en caso de sufrir un embarazo de riesgo. Sobre la mesa está también la posibilidad de recibir los mismos incentivos que las madres trabajadoras en régimen asalariado.
Un momento complejo
Esta reforma, que está a punto de entrar en el Congreso, lo hará en un momento de gran complejidad parlamentaria. «Hemos pedido que nos dejen ajenos a las negociaciones de todas las demás leyes (Presupuestos, quita de las comunidades, ley del sector público) y que se que quede exenta de intercambios. Los autónomos no pueden esperar», afirma Abad.
Solo 55 gallegos acogidos a la segunda oportunidad
La ley de segunda oportunidad diseñada para el rescate de personas físicas o jurídicas en quiebra, en vigor desde el 27 de febrero del 2015, sigue sin dar resultados. Así lo confirman las cifras correspondientes al 2016. Según los datos oficiales, solo se tramitaron por esta vía 55 casos en toda Galicia.
En la provincia de Pontevedra se acogieron a esta posibilidad para renegociar sus deudas el año pasado 19 personas, de las que 16 fueron físicas sin actividad empresarial y otras tres personas físicas, empresas (autónomos, fundamentalmente). La provincia de Pontevedra fue la más activa, ya que en A Coruña fueron 14, en Lugo 17 y en Ourense solo 5, que suman 71 en total en Galicia, según los datos concursales de personas físicas del Consejo General del Poder Judicial.
Casi dos años después de aprobarse esta ley, que, en teoría, permite la exoneración judicial de las deudas imposibles de pagar por parte de empresarios o ciudadanos particulares en determinadas circunstancias, los jueces y los abogados coinciden en que no ha tenido aún la incidencia deseada y ven imprescindible reformarla para que cumpla su función social.
No solo en Galicia las cifras de éxito son nulas. La ley también ha tenido un arranque muy discreto y el número de concursos presentados ronda los 1.400 en toda España, frente a los más de 100.000 anuales que se tramitan en Francia o Alemania.
Hasta la última reforma de la ley concursal, el deudor insolvente -empresario o persona física- podía ser perseguido de por vida por los acreedores aunque se hubiera quedado sin nada. Los fracasados no tenían derecho a una segunda oportunidad y a volver a empezar por la imposibilidad de endeudarse y, sobre todo, a causa de la prenda existente sobre sus ingresos y bienes futuros.
Ahora ya pueden intentarlo, pero los distintos trámites previos, la excesiva y costosa burocracia, además del propio concurso de acreedores, echan para atrás a muchos de los posibles beneficiarios de la ley.