El Gobierno convertirá en fijos 250.000 empleos públicos que ahora son interinos

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

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BENITO ORDOÑEZ

Pacta con los sindicatos que el 90 % del trabajo temporal sea indefinido en tres años

30 mar 2017 . Actualizado a las 08:03 h.

«Esta es una apuesta por dignificar la función pública, porque sin ello no podremos tener completa la recuperación económica». Así resumió ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el espíritu del acuerdo, «el primero de la legislatura», alcanzado con los sindicatos y luego ratificado por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que, además de Ejecutivo y las organizaciones de trabajadores, están las comunidades autónomas y la FEMP.

Esta oferta extraordinaria de empleo público, «histórica», «la mayor de la democracia», como la calificó el presidente del CSIF, Miguel Borra, supondrá la conversión del 90 % de los empleos públicos interinos en fijos en los próximos tres años, o lo que es lo mismo, la «estabilización» de unas 250.000 plazas, según los cálculos del ministerio. Sin embargo, otros asuntos, como la subida salarial por encima del 1 % que reclamaban los sindicatos, tendrán que esperar, aunque Montoro se mostró dispuesto a abordarla en los Presupuestos del próximo año.

A continuación, los principales detalles del acuerdo: 

¿Cuál es el objetivo?

Esta oferta extraordinaria de empleo público pretende reducir la tasa de temporalidad, que ahora está en el 25 %, hasta un máximo del 8 % en los próximos tres años. Es el plazo que tendrán los tres niveles de la Administración (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) y las empresas públicas para sacar a concurso los puestos que ahora ocupan interinos, que pasarán a ser indefinidos. 

¿Cuándo se materializará la conversión?

El primer paso se dará mañana, ya que el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley que posibilitará que las diferentes Administraciones saquen las primeras ofertas. Estas permitirán que consoliden sus puestos de trabajo interinos de sanidad, educación, personal de expedición del DNI o guardias civiles. Progresivamente se irán aprobando las habilitaciones para hacer lo mismo con el resto de los sectores afectados en los Presupuestos Generales del Estado del 2017. Los sindicatos reclamaron ayer a Montoro «garantías jurídicas» de que el Ejecutivo seguirá adelante con el proceso -y cumplirá el acuerdo firmado ayer- incluso si no consigue apoyos parlamentarios para aprobar los Presupuestos. «Y el ministro nos lo ha garantizado», explicó Javier Jiménez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. 

¿A qué sectores afectará?

Según señaló CC. OO., del acuerdo se beneficiarán docentes de enseñanzas no universitarias, personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, de la Administración de Justicia, de servicios sociales en atención directa a usuarios, policías locales, personal de gestión tributaria y recaudación y, por último, de inspección y sanción de servicios y actividades. Atendiendo a las estimaciones realizadas por el sindicato, la parte del león se la llevará sanidad, donde casi 130.000 interinos de los 141.111 se convertirán en fijos; otros cerca de 99.000 de los casi 110.000 consolidarán su puesto en educación; y en Justicia lo harán 8.564 de los 9.515 interinos actuales.

En Galicia, el sindicato calcula la conversión en fijos de unos 2.500 puestos interinos en sanidad y de unos 2.400 en educación.

¿Habrá nuevos puestos?

Sí. El ministerio estima que saldrán alrededor de 67.000 nuevas plazas que, por subsectores, serán 19.000 en la Administración General del Estado; 28.150 aproximadamente en las comunidades autónomas, y en torno a 20.000 en entidades locales. También subrayó que «se amplían los sectores prioritarios en los que la tasa de reposición será del 100 %», es decir, en los que se reemplazará a la totalidad de los funcionarios que se jubilen. Entre ellos están la sanidad, educación, justicia, servicios sociales, lucha contra el fraude, extinción de incendios, servicios públicos de atención a la ciudadanía, seguridad o emergencias. 

¿Y la subida de sueldos?

Este año será del 1 %. «El acuerdo retributivo entrará en los Presupuestos del 2018», zanjó Montoro, posponiendo así la recuperación del poder adquisitivo perdido.

La partida para pluses de los diputados sube 600.000 euros

Igual que hizo el Senado, la Mesa del Congreso aprobó el martes por unanimidad su presupuesto para el 2017, que asciende a 85.514.423 de euros, una cifra muy similar a los 85.517.347 euros del 2016. Según Europa Press, pese a esta congelación, se han elevado algunas partidas, entre ellas la destinada al abono de los complementos salariales de los diputados, para la que se reservan unos 600.000 euros extras, un 11,54% más que en el ejercicio anterior.

La institución diseña sus propias cuentas, aunque después estas se recogen en el proyecto de ley de Presupuestos Generales, que el Consejo de Ministros aprobará mañana. Las cuentas del Congreso para el 2017 sustituyen a las que se diseñaron en el 2015, que seguían vigentes por la prórroga del pasado año. La partida más cuantiosa es la de gastos de personal, pues engloba las retribuciones a los diputados, los funcionarios, el personal eventual y el personal laboral de la Cámara. Frente a los 36,08 millones previstos para el 2016, para este año se han presupuestado 38,11 millones, un 5,65% más.

Las retribuciones básicas de los diputados (la denominada asignación constitucional que equivale al «sueldo base» de sus señorías) continúan congeladas en 2.813,87 euros al mes, la misma cantidad que perciben desde el 2010. El Congreso, a diferencia del Senado, que se adelantó al acuerdo alcanzado ayer entre Gobierno y sindicatos (aprobó la víspera una subida salarial del 1 % para los funcionarios y sus señorías), prefirió esperar.