PP y Ciudadanos sellan un pacto aún insuficiente para que Rajoy gobierne

Ramón Gorriarán MADRID / COLPISA

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«Solo faltan seis escaños para que España se ponga en marcha», recuerda Rivera a Sánchez, que este lunes se reúne con Rajoy

29 ago 2016 . Actualizado a las 09:47 h.

PP y Ciudadanos firmaron este domingo en el Congreso un trabajado pacto de investidura que será insuficiente para que Mariano Rajoy pueda gobernar, como él mismo reconoció. Para que el líder popular pueda renovar su mandato es necesario un cambio de actitud del PSOE para pasar del no a la abstención en la votación del próximo viernes, un giro que no entra en los planes de Pedro Sánchez. Rajoy, de todos modos, hará este lunes un intento a la desesperada en un encuentro matinal en la Cámara con el líder socialista.

Los negociadores del PP y Ciudadanos pusieron el punto final a las 44 páginas del documento 150 compromisos para mejorar España a eso de las dos y media de la madrugada del domingo. Antes, el sábado por la tarde, Rajoy y Rivera mantuvieron un discreto encuentro para sortear los últimos escollos que sus equipos negociadores fueron incapaces de acordar en siete días de conversaciones. Todo quedó listo para que los portavoces parlamentarios de ambos partidos firmasen el acuerdo en el Congreso y comparecieran los dos líderes para congratularse del pacto.

Pero Rajoy no tuvo reparo en aguar el vino a la primera de cambio, y, tras mostrarse «muy satisfecho», afirmó que «esto es insuficiente, se necesita algo más para gobernar», y devolvió a la realidad a muchos de los negociadores, eufóricos por el trabajo realizado. «PP y Ciudadanos -continuó- hemos cumplido con nuestro deber, ahora corresponde a otros hacer su parte (en obvia alusión al PSOE). Hasta que eso no suceda no podemos hablar de que España recupera la normalidad».

El líder del PP admitió, pese al oscuro horizonte, que no todo ha sido en vano, porque acudirá al debate de investidura que empieza mañana con 170 apoyos; los 137 del PP, 32 de Ciudadanos y el del diputado de Coalición Canaria, cuyo respaldo dio por hecho. «Las cosas -dijo- han cambiado» porque no es lo mismo ir a la investidura con 131 respaldos, como tuvo el líder del PSOE en marzo, que con 170, «a solo seis de la mayoría absoluta», resaltó. Una cifra relevante en términos políticos, porque ha habido algún presidente que logró la investidura con menos apoyo (Felipe González lo hizo en 1989 con 167 votos a favor).

El líder del PP, a pesar de la rocosa negativa de Sánchez, ha citado este lunes a la una del mediodía al secretario general del PSOE en busca de un muy improbable cambio de opinión. Su gran baza se resume en la pregunta que hará a su interlocutor: «¿Quieres que repitamos otra vez las elecciones?» Aparte de eso, confesó, no tiene nuevos argumentos y, por tanto, no va a «intentar nada nuevo» respecto a lo que le ha dicho a Sánchez en todas las reuniones que han mantenido desde las elecciones del 20 de diciembre. Es decir, la conveniencia de que el primer partido de la oposición permita la gobernabilidad del país porque «es de razón, democrático y de sentido común» que el PP presida el Gobierno, ya que aventajó al PSOE en 52 escaños. Además, agregó, España vive un momento inusual después de ocho meses con un Gobierno sin todas sus facultades, y «en situaciones excepcionales, los políticos tenemos que manejarnos con criterios diferentes a los de situaciones normales». O lo que es lo mismo, la tradicional dialéctica entre Gobierno y oposición no es aplicable en estas circunstancias.

Rajoy, por si todo falla y se encuentra el viernes con el único respaldo de los 170 diputados, tiene un plan B. «Voy a perseverar en el intento» porque es «mi obligación», anunció para sorpresa de muchos. No puso fecha a ese nuevo debate de investidura, pero aclaró que «no necesariamente tiene que ser después de las elecciones vascas y gallegas» del 25 de septiembre, como apuntan numerosos análisis, que parten de la premisa de que los socialistas o el PNV pueden cambiar de estrategia en función de los resultados en esos comicios.

El PSOE se aferra al no

Por su parte, aunque el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha valorado el pacto, fuentes de su partido han asegurado que su postura no variará y confirmaron que defenderá en el debate de investidura su no a Mariano Rajoy y considerará «continuista» y «conservador» el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos.

Pero el líder del PP no va a estar solo en la presión a los socialistas para que cambien de postura. El presidente de Ciudadanos, mencionó ayer que «de las 150 reformas (pactadas con el PP) cien las firmamos Pedro Sánchez y yo» en el acuerdo de febrero. Rivera también recordó a Sánchez que tras el acuerdo firmado «solo faltan seis escaños para que España se ponga en marcha» después de 302 días de parálisis institucional y gobierno en funciones.

«Deseo que haya acercamiento entre Rajoy y Sánchez -afirmó Rivera en referencia al encuentro de hoy- porque en estos momentos no vale abstenerse de España por razones de índole orgánica de su partido».

Igualar los permisos de maternidad y paternidad

Igualar los permisos de paternidad con los de maternidad es una de las principales medidas del pacto en el apartado de conciliación y familia, que pretende la ampliación progresiva del permiso (con hasta ocho semanas más en dos años), con una ley integral de apoyo a las familias. Destaca también la creación de un pacto nacional por la educación que paralizaría el calendario de aplicación de la Lomce; además de la recuperación del uso horario GMT, la finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18 horas y la creación de un fondo sanitario dotado de 400 millones de euros.

Mantener el IRPF y rebajarlo cuando el déficit baje del 3%

El pacto incluye el compromiso de no subir el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), e incluso rebajarlo en dos puntos una vez que el déficit público se sitúe por debajo del 3%. También se comprometen a reformar «en profundidad» el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros y aproximar la recaudación a la media de la zona euro. Pretenden armonizar los tributos propios y cedidos a las comunidades para evitar discrepancias entre regiones y, por otra parte, recuperar 7.000 millones de euros con la tributación del 10% sobre las cantidades que se beneficiaron de la amnistía fiscal del 2012.

Despolitizar la justicia y cese al fiscal general desde el Congreso

Las medidas dedicadas a la reforma de la Justicia incluyen el aumento de la independencia del fiscal general del Estado y de la judicatura en general. El acuerdo plantea una reforma del Estatuto Fiscal que permita que el Congreso de los Diputados pueda «reprobar y cesar» al máximo responsable de la Fiscalía General. También plantea la Justicia 24horas o la Sede Judicial Electrónica, y fomentar la cita previa y la tramitación electrónica para simplificar los trámites. Se impulsará el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el yihadismo y se revisará la ley mordaza para «mejorar diferentes aspectos».

Reformas en la Constitución sin tocar la soberanía

PP y Ciudadanos abren la puerta a la reforma de la Constitución de 1978, pero no aceptarán que se cuestione el principio de la soberanía nacional, lo que excluye rotundamente referendos de autodeterminación. Se creará una mesa de trabajo de juristas y expertos sobre el tema y se impulsará un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución, con presencia de todas las fuerzas constitucionalistas. En el Senado se reducirá el número de parlamentarios para transformarlo en «estricta cámara territorial con funciones de articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado».

Las diputaciones ahora no se tocan

El PP se ha negado a la pretensión de Ciudadanos de suprimir las Diputaciones, pero ambos partidos se comprometen a profundizar en la racionalización de las Administraciones y en la eliminación de duplicidades y organismos innecesarios con el fin de generar ahorros que se destinarán a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad. Para proteger a las Diputaciones, el PP ha incluido una salvaguarda para garantizar que «ninguna de las actuaciones pondrá en riesgo los servicios públicos que prestan estas administraciones a los ciudadanos y especialmente los que benefician a los quince millones de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes».