La gestora del PSOE se plantea evitar que el comité federal se pronuncie sobre la abstención

El martes, Susana Díaz rompió su silencio para mojarse lo justo. Abogó por la abstención en la investidura de Rajoy, pero sin mencionar la palabra abstención. Un término que levanta ampollas en el PSOE y que cada vez que se pronuncia ahonda la división interna. Por eso, lo más probable es que incluso en el comité federal del domingo, que decidirá la postura del partido en el debate de investidura, ni siquiera se vote la abstención en concreto. Es posible que lo que se decida es, en línea con lo apuntado por la presidenta andaluza, hacer todo lo necesario para evitar unas nuevas elecciones y facilitar la gobernabilidad del país. Para lo cual solo hay ahora mismo una opción: abstenerse en la investidura de Rajoy. Pero esa decisión concreta, y la forma en que se ponga en práctica, se dejaría en manos del grupo parlamentario.

Con esta maniobra, el sector que dirigió las maniobras para forzar la dimisión de Pedro Sánchez intenta limitar el debate para reducir la tensión en el comité federal del domingo y trasladar la decisión última al grupo parlamentario, un órgano que aparentemente tiene más controlado. El procedimiento dependerá en última instancia de la correlación de fuerzas, aunque en la gestora socialista están convencidos de que tienen una mayoría clara en el comité federal, y que, además, ha ido ampliándose paulatinamente en los últimos días. Si Pedro Sánchez perdió la votación del pasado día 1 por 25 votos, a principios de esta semana calculaban que la brecha era ya de 40 y creen que aún será mayor el próximo domingo.

Confiados en este sentido, la gestora concentra sus esfuerzos en el siguiente objetivo: imponer la disciplina de voto para que todos los parlamentarios acaben haciendo lo que se acuerde en el comité federal. Los próximos a Pedro Sánchez ya han anunciado que acatarán lo que diga el partido, aunque el anterior secretario general no se ha pronunciado personalmente. Federaciones como la vasca, que mantienen su no a Rajoy, también aceptará lo que se decida en el comité federal, y todo indica que los baleares compartirán ese viraje. En estos momentos solo parece asentada la negativa del PSC a abstenerse, y la de algún diputado concreto, como Margarita Robles y Susana Sumelzo. Así que el número de parlamentarios que pudieran romper la disciplina de voto no pasaría de una docena, según los cálculos de la gestora.

Aunque el número no sea muy elevado, el valor político es importante. Especialmente en relación con el PSC. La gestora ya ha amenazado con revisar la alianza con los socialistas catalanes. Pero hay quien aún va más allá. El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra planteó ayer, en un artículo, expulsar del comité federal a quien desacate sus resoluciones. Pero en el PSC no se dan por aludidos, y están convencidos de que, una vez que pase la tormenta inicial, todo seguirá como hasta ahora.

Los socialistas unen sus votos al PP y a C’s para aprobar dos reformas económicas

Lo ocurrido ayer en el Congreso puede ser un anticipo de lo que se vivirá en la legislatura si finalmente Mariano Rajoy es investido. Y es que el Gobierno en funciones logró sacar adelante en la Cámara dos medidas económicas de calado (la modificación del Impuesto de Sociedades y de la ley de estabilidad) con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos, además del PNV. En concreto, el Congreso dio luz verde al adelanto del cobro del pago fraccionado para empresas de más de 10 millones de facturación que permitirá recaudar 8.300 millones de euros más este año y así poder cumplir con el objetivo de déficit del 4,6 % fijado por Bruselas.

Además, el Congreso aprobó la reforma de la ley de estabilidad que amplía el objetivo de déficit de las comunidades autónomas del 0,3 % al 0,7 % este año. Los gobiernos regionales esperaban este mayor margen presupuestario desde que Bruselas concedió en julio una prórroga de dos años a España para bajar el desfase entre ingresos y gastos.

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